Cuando una familia va a ser desahuciada, la administración autonómica es la última en enterarse. El banco lo comunica al afectado y al juzgado, pero desde lo público poco se puede hacer ya. La falta de información es una de las cosas que la Junta quiere cambiar urgentemente para intentar frenar un drama social que ya se ha cobrado una víctima mortal en Andalucía.
La Consejería de Fomento y Vivienda , que dirige Elena Cortés (IU), tiene previsto firmar próximamente un convenio con las 19 entidades que operan en la comunidad para amarrar su compromiso frente a los desalojos. Los bancos tendrán que avisar a la consejería cuando detecten que una persona lleva tiempo sin pagar la hipoteca y se comprometerán a no reclamar la vivienda en el juzgado en el plazo de un mes. En ese tiempo, la Junta deberá presentar a la entidad bancaria una alternativa individualizada para negociar, desde la ampliación de los años del crédito a un alquiler -también con opción a compra- o la dación en pago.
En los casos en que la consejería proponga la dación en pago, esta fórmula supondrá la cancelación total de la deuda hipotecaria. El afectado podrá seguir viviendo en su casa pagando al banco un alquiler, cuya renta anual será del 3% del importe total de la deuda en el momento de la dación. Estas alternativas se incluyen en un convenio que Fomento pretende firmar con las entidades financieras en breve, según ha podido saber este periódico. El problema es acuciante. En el primer semestre del año casi 8.000 personas han sido desahuciadas en Andalucía. Hace dos semanas un hombre de 54 años se quitó la vida en Granada el mismo día en que iba a ser expulsado de su casa. La lucha contra este drama social se ha convertido en la prioridad, casi la obsesión, del departamento comandado por Elena Cortés y en una de las señas de identidad de IU en el Gobierno andaluz.
Dado el estrechísimo margen de maniobra de la Junta -las competencias legales las tiene el Estado-, la colaboración de los bancos es crucial para parar la sangría de desalojos. Hasta ahora la consejería había enviado en verano cartas a las entidades financieras en tono amenazante, recordándoles que serían sancionadas aquéllas que no devolvieran a los registros municipales de demandantes las VPO embargadas por impagos. Además, la consejería ordenó paralizar los desalojos de su parque público de vivienda un gesto, no obstante, testimonial porque la grandísima mayoría de los desahucios los ejecutan los bancos. Recientemente, Elena Cortés inició una ronda cordial con los bancos -de momento solo se ha reunido con Unicaja, la principal entidad andaluza- para pedirles su compromiso expreso frente a los desahucios. Ahora se quiere dar un paso más para materializar esa adhesión.
El convenio que ambas partes firmarán tendrá un año de vigencia y podrá prorrogarse otro más si así se decide. Actuará sobre la viviendas ubicadas en Andalucía y solo si la casa que va a ser embargada constituye la residencia habitual y única del afectado. La labor de intermediación de la administración se ceñirá a los pisos que cuesten menos de 230.000 euros.
Habrá una comisión de seguimiento, compuesta por dos representantes de cada parte, y el convenio se romperá porque acabe el plazo o porque se incumpla su objetivo. La consejería confía en que el banco acepte las propuestas que le pondrá sobre la mesa porque a las propias entidades no les conviene acumular más stock de pisos que no podrán vender y que solo engordan sus balances negativos.
Oficinas Como el acuerdo con los bancos se ha dilatado, Fomento puso en marcha hace un mes otro instrumento para paliar los desahucios: las ocho oficinas provinciales de asesoramiento e intermediación. En este tiempo los funcionarios han atendido a 300 familias, según informó ayer la consejera en Canal Sur Televisión. Cortés reiteró que el Gobierno central "tiene la sartén por el mango para detener los desahucios y tiene la capacidad de cambiar la Ley Hipotecaria, absolutamente injusta, y la Ley de Enjuiciamiento Civil". Consideró, además, que "no es posible una sociedad donde se esté rescatando a los bancos pero sean estos bancos los que desahucien a las personas". El PSOE-A abogó ayer por buscar alternativas en torno a la dación en pago, como una moratoria y permitir "compensaciones", es decir, que el banco devuelva al deudor la parte que ya ha pagado de la hipoteca.
