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Junta y Gobierno aseguran que se ha hecho "lo mejor" con el Guadalquivir

Afirman que la "inseguridad jurídica" tras la sentencia del Constitucional hacía imposible el traspaso de competencias

el 22 oct 2011 / 18:09 h.

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El PA reivindicó ayer las competencias del Guadalquivir en Sevilla.

Un día después del fiasco que ha supuesto para la Junta la devolución al Estado de todas las competencias sobre el Guadalquivir, los dos gobiernos socialistas repitieron ayer al unísono que se ha hecho "lo mejor", lo único que permitía el "estrecho" margen de maniobra tras anular el Constitucional -y luego el Supremo- el artículo 51 del Estatuto, que otorgaba a Andalucía las competencias "exclusivas" sobre la cuenca. Ambas administraciones reconocieron que no había seguridad jurídica suficiente para el traspaso de una plantilla de casi 850 trabajadores. Y ninguna de las dos partes tira la toalla: confían en que la comunidad recupere la potestad por la vía del 120.2 de la Constitución, que requiere de una ley orgánica. Será el próximo Gobierno que se forme tras el 20-N -las encuestas apuntan a que lo liderará Mariano Rajoy- el que decida sobre el asunto.


Junta y Gobierno insisten en negar confrontación alguna, y desde Andalucía hablan de "absoluta lealtad" por parte del gabinete de Zapatero, aunque éste haya acabado con uno de los grandes símbolos del Estatuto. El PP, sin embargo, criticó que se han perdido "tres años en la gestión" del Guadalquivir y exigirá que "se depuren responsabilidades políticas". Los populares propusieron -aunque no lo explicaron- un nuevo modelo de gestión cuyas claves serían "la profesionalización y la estabilidad de la política de aguas", afirmó la portavoz del partido, Rosario Soto.


El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, abundó en que la Junta ha sido "responsable" en su decisión. "Ese aspecto de inseguridad jurídica que se abría ha hecho que se considere que lo mejor es lo que se ha hecho", resaltó. Hizo hincapié en que Andalucía "mantiene intactas sus máximas aspiraciones" y consideró que la vía constitucional es un camino "directo y jurídicamente seguro". Díaz Trillo quiso rebatir las críticas de los populares y defendió la gestión "eficaz y con réditos extraordinarios" que se ha llevado a cabo en este tiempo. "El ritmo de resolución de expedientes da prueba de que ha sido una gestión eficiente", dijo, y puso como ejemplo la puesta en servicio de 200.000 hectáreas de regadío. El PP dice que en este tiempo se han dejado de invertir mil millones de euros.


El consejero recordó que las dos administraciones han trabajado "hasta el límite" para llegar a un acuerdo desde que en marzo el Constitucional anulara las competencias de Andalucía. Entonces los dos gobiernos aprobaron una encomienda de gestión transitoria de seis meses por la que Andalucía seguía manteniendo la gestión de la cuenca mientras se buscaba una salida legal. La negociación se prorrogó dos semanas más y el viernes acabó el plazo sin acuerdo.


alternativa. Desde el Gobierno central la lectura fue la misma. El ministro de Política Territorial y expresidente andaluz, Manuel Chaves, aseveró que la decisión se ha tomado pensando en la "seguridad jurídica de los trabajadores y funcionarios". Por eso añadió que si los trabajadores están pensando acudir a los tribunales "a reclamar o reivindicar algo", lo pueden hacer "con toda la legitimidad del mundo", y que la administración "respetará" esa postura. La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, opinó que el Gobierno andaluz "ha actuado en consecuencia" y se mostró convencida de que "es una cuestión temporal", porque la Junta tiene "la voluntad" de reclamar las competencias por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, y así "poner punto y final". Aguilar quiso dejar claro que el Gobierno ha estado en "todo momento trabajando con la Junta para conseguir lo más y lo mejor, pero las sentencias del Constitucional y del Tribunal Supremo e informes de la Abogacía del Estado ponían freno".

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