El concurso que permitirá adjudicar la explotación de la sevillana mina de Aznalcóllar en menos de un año se desbloqueará mañana, manteniendo las condiciones y plazos que fijó la Junta de Andalucía, tras un acuerdo con el Gobierno central que se materializará con tres acciones simultáneas: un Consejo de Gobierno extraordinario de la Junta modificará el decreto de reserva minera admitiendo que es competencia del Estado; el Consejo de Ministros validará el concurso para gestionar el yacimiento que convocó la Junta; y el Estado retirará los dos recursos de inconstitucionalidad que presentó. Una conversación mantenida ayer entre el consejero de Economía y Empleo, José Sánchez Maldonado, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, permitió encontrar la forma de plasmar lo que Junta y Gobierno habían acordado el pasado 20 de marzo. Una semana antes, el Ejecutivo central había anunciado por sorpresa, cuando el concurso internacional para la gestión de la mina llevaba dos meses abierto, que lo recurriría ante el Tribunal Constitucional, lo que hubiera frenado los trámites durante varios años. Una avalancha de críticas, incluidas las movilizaciones de los mineros de la zona hoy desempleados y aspirantes a trabajar en la mina, a la que siguió el paso adelante de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, admitiendo la argumentación del Ejecutivo central, logró un acuerdo para desbloquear el conflicto que ahora se concretará de esta forma. Sánchez Maldonado se refirió ayer en el Parlamento al desenlace de mañana como una «solución alcanzada en tiempo récord mediante un diálogo abierto y constructivo entre la Junta y el Gobierno», que ha permitido que el concurso siga adelante liderado por la Junta. La Administración autonómica recogió el argumento del Estado al explicar que el acuerdo, además de «eliminar la litigiosidad, retirando los recursos», permite «mantener la cobertura legal y seguridad jurídica para seguir con el concurso y mantener los plazos establecidos». El consejero insistió en la importancia de la seguridad en «una buena política minera», tanto hacia el medio ambiente como hacia las personas, algo que recoge el pliego de condiciones para explotar la mina sevillana, como vacuna para que no se repitan catástrofes ecológicas como la que supuso la rotura de una balsa de residuos tóxicos en ese mismo yacimiento en 1998, que afectó al área protegida de Doñana. Este pliego de condiciones podrá mantenerse idéntico al publicado en enero en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que establecía «todo tipo de medidas preventivas que minimicen y controlen» los riesgos de la actividad minera, entre ellas el veto a cualquier depósito de tóxicos o la presentación de un aval que cubra un hipotético plan de reparación de daños en el entorno. La empresa que gestionaba por entonces la mina, la sueca Boliden Apirsa, o cualquier otra vinculada a ella están expresamente excluidas. El plazo para presentar propuestas finaliza el próximo 21 de abril, de ahí la preocupación en el sector por si el proceso se paraba. La Consejería seleccionará como máximo tres ofertas y redactará un nuevo pliego técnico para que, en cinco meses, las aspirantes presenten sus proyectos definitivos. En marzo de 2015 debería estar seleccionada la adjudicataria de un proyecto en el que habrá que invertir al menos 300 millones de euros y que creará unos 450 empleos directos y 800 indirectos. Al hilo de la reactivación de este proyecto, el consejero recordó ayer que la minería un sector «activo, generador de riqueza y empleo», con «perspectivas excelentes» por el resurgimiento que ha supuesto el aumento de la demanda y el precio del metal; la creación de empleo demostrada en sus áreas de influencia y la apuesta por la investigación, que prolonga la vida de los yacimientos.