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Junta y PSOE avalan que fondos de empleo fueran a consistorios

El PP ve "impresentable" pagar ferias municipales con ayudas para empresas en crisis. La Fiscalía estudia un informe de la Guardia Civil sobre irregularidades en subvenciones vinculadas a empleo y decidirá en días si abre diligencias.

el 24 feb 2011 / 20:27 h.

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Los consejeros de Empleo y Presidencia, Manuel Recio y Mar Moreno, flanquean al presidente Griñán.
Junta y PSOE defendieron ayer la percepción de ayudas públicas para el fomento del empleo por parte de ayuntamientos, al considerar que no tiene por qué haber nada ilícito y subrayar que dichas ayudas se otorgaron "según un procedimiento sujeto a controles". Las subvenciones proceden del fondo de 647 millones para empresas en crisis, investigado por presuntas prejubilaciones irregulares.

 

Tanto la consejera de Presidencia, Mar Moreno, como la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, rechazaron ver visos de ilegalidad en el hecho de que parte de ese dinero fuera a parar a proyectos municipales como una escuela ecuestre en Los Palacios o el equipamiento de una residencia de ancianos y la organización de una feria de artesanía en Guadalcanal, según publicó El País ayer. Si el líder popular Javier Arenas calificó ayer de "realmente impresionante" que ayudas a empresas en crisis hayan financiado actividades de este tipo, la número dos del PSOE subrayó que los municipios son importantes dinamizadores en la creación de empleo y que esas ayudas se tramitaron según un procedimiento sujeto a controles por lo que "si los ayuntamientos se han acogido se podrá justificar". Desde la Junta, Moreno defendió que no hay "una apariencia de ilegalidad" por el hecho en sí de que un ayuntamiento reciba ayudas "para iniciativas relacionadas con el empleo" por lo que se tendrá que ver si hay algo "ilícito o no". El acuerdo firmado en 2001 con el IFA (luego IDEA)para gestionar este fondo y los sucesivos presupuestos aludían a "ayudas a las empresas para prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo y proyectos de viabilidad con el que se pretende atender a los sectores o empresas en crisis".

La consejera de Presidencia y portavoz de la Junta llamó ayer a la "prudencia" para no confundir con lo realmente importante, que para el Gobierno es "si ha habido algún enriquecimiento ilícito con cargo a estos fondos" y si alguien "se ha enriquecido ilícitamente". Tras la investigación abierta por la jueza Mercedes Alaya sobre el caso Mercasevilla, en cuyo ERE se detectaron dos prejubilados que nunca trabajaron allí, la Junta inició una revisión interna de 45 expedientes vivos y detectó 37 falsos prejubilados en doce, entre ellos cinco cargos socialistas. Uno de ellos es el exalcalde de El Pedroso (Sevilla), Rafael Rosendo, quien según pudo confirmar El Correo también recibió ayudas directas de Empleo, en la etapa en la que fue consejero José Antonio Viera (2000-2004), para el Matadero del Sur y una almazara.

Actualmente, la investigación de la Junta y la judicial se centra en los ERE con prejubilaciones pagadas con fondos públicos. La Fiscalía Superior de Andalucía confirmó ayer a este periódico que analiza un informe de la Guardia Civil sobre "subvenciones vinculadas a empleo" en diversas provincias, sin concretar el tipo de ayuda ni los perceptores, que el Instituto Armado investiga desde el pasado mayo y que "en días o la próxima semana" anunciará si abre diligencias.

El hecho de que las sospechas se hayan extendido a otro tipo de ayudas -siempre concedidas de forma directa a través del IFA y sin publicación en BOJA- ha llevado al PP a paralizar las querellas anunciadas contra todos los implicados en la trama de los ERE, según anunció Javier Arenas, con la intención de ampliarla. "Todo lo que hay en la Consejería de Empleo está adulterado", aseguró Arenas, quien no descartó "en absoluto" que exista detrás "una financiación ilegal del PSOE". Una acusación que el PSOE le afeó por poner en duda una línea de ayudas que ha beneficiado a miles de empresas y trabajadores (25.000) en dificultades y que "tras trabajar 30 ó 40 años en una empresa que presenta un ERE tiene los mismos derechos que cualquier otro trabajador aunque sea de un partido". Díaz replicó así a las sospechas vertidas por el PP por la inclusión de dos cargos del PSOE de Alcalá de Guadaíra y sus hermanos en el ERE de la base de Morón, y apuntó:"Cuando en el ERE de Cuerotex de Pilas aparece un exedil del PP yo no pienso en financiación irregular del PP". En el expediente, de 2005 y al que también se acogió el cuñado de Viera, figura el exedil popular Juan Valladares (lo fue entre 1991 y 1995), hoy vocal de la ejecutiva del PP en Pilas (según su web).

Alonso: "Los socialistas serán implicados serán sancionados durísimamente"
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, aseguró ayer que se sancionará "durísimamente" a los socialistas que estén implicados en el caso de los ERE irregulares de la Junta, que es lo que compete al partido, y comentó que "ojalá hiciera lo mismo el PP con los casos de corrupción masiva que la afectan, por ejemplo, en la Comunidad valenciana". Mientras, el PP dejó claro ayer que se encargará de que este asunto siga centrando también el debate nacional ya que reiterará su petición de que comparezca en el Congreso el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, para explicar si la Fiscalía Anticorrupción va a intervenir, después de que el PSOE vetara esta comparecencia la semana pasada con los votos de los nacionalistas vascos y catalanes. El PP acusa a la Fiscalía de tener doble vara de medir en este caso frente al Gürtel.

UGT e IU critican que el debate degenere en "cuál es más chorizo"
Mientras PSOE y PP se entrecruzan acusaciones por su implicación en la tramitación de los ERE bajo sospecha -los socialistas insisten en que fue el Gobierno central del PP quien ratificó el de Riotinto, donde presuntamente se falseó la vida laboral de los trabajadores-, IU y UGT afearon la pugna política en este asunto. El secretario general de UGT, Manuel Pastrana, denunció que unas ayudas que han beneficiado a miles de empresas y trabajadores con dificultades se hayan convertido en "arma arrojadiza" política y criticó que "empiezan a acusarse unos a otros antes de que se compruebe" la existencia de irregularidades, dándolas por hecho. Desde IU, el coordinador regional, Diego Valderas, lamentó que el debate en este asunto "haya derivado en cuál de las dos fuerzas políticas mayoritarias, PP y PSOE, es más chorizo" o "cuál de las dos ha estado más tentada por los elementos de corrupción".

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