Hace tres años la Consejería de Justicia anunció como "inminente" el inicio de un proyecto que ya entonces llevaba otros tres años de retraso. La reforma de la Audiencia Provincial parecía una realidad después de que se plasmara en papel una remodelación completa de las actuales instalaciones, que se han quedado pequeñas y obsoletas, que incluso permitiría al edificio ganar una planta más. Una rehabilitación a la que se iban a dedicar más de tres millones de euros, destinados a cosas tan básicas como dotar al inmueble de aseos para el público, pero que la crisis ha dejado aparcada.
Según fuentes consultadas por este periódico, el objetivo de la Junta de Andalucía es centrar los esfuerzos en la construcción de la Ciudad de la Justicia, dejando incompleto el plan de mejora de los actuales edificios judiciales. Este programa pretendía adecentar las instalaciones hasta que la anhelada Ciudad de la Justicia se hiciese realidad. Así, tras diversos avatares, Justicia levantó el llamado edificio puente en la Buhaira, donde trasladó los juzgados de lo Social, de lo Mercantil y de lo Penal (éstos hasta entonces habían tenido su sede en el Prado). El siguiente paso era reformar el edificio de los juzgados del Prado para que albergase los juzgados de Violencia sobre la Mujer y las nuevas instalaciones del Instituto de Medicina Legal (IML); y la Audiencia Provincial de Sevilla.Por el momento, Justicia sólo ha llevado a cabo la mejora de las instalaciones del IML.
Este organismo se encontraba en el sótano del inmueble, donde contaba con unas dotaciones antiquísimas, además de registrar deficiencias como humedades o una sala de espera pequeña y sin ventilación. Ahora, las nuevas instalaciones se encuentran en la primera planta del edificio, donde antes estaban algunos de los juzgados de lo Penal, contando ya con unas dotaciones adecuadas para asistir al público.Fue en la inauguración de estas instalaciones cuando el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, ya apuntó que lo prioritario, "ante el panorama de crisis", era la Ciudad de la Justicia. Precisamente, los operadores judiciales pidieron desde el principio que todos los esfuerzos se invirtieran en la Ciudad de la Justicia, porque no tendría mucho sentido reformar unos edificios de los que años después se mudarían. Sin embargo, la demora del nuevo complejo judicial ha hecho que los profesionales de la Justicia sigan trabajando, una década después, en unas instalaciones obsoletas y casi laberínticas para los ciudadanos que tienen que acudir a realizar alguna gestión. Es decir, habría dado tiempo a reformar los edificios si estos proyectos hubieran estado a tiempo.
En octubre de 2008, tres años después de que se anunciara esta reforma, la Junta presentó un proyecto cuyo coste era de 3,1 millones de euros (el doble de lo que se estimó en un principio), y tenía un plazo de ejecución de 23 meses en tres fases distintas. Sin embargo, en este tiempo no se ha llevado a cabo ninguna remodelación, pese a que el edificio tiene ya 40 años y desde entonces no ha sufrido ninguna reforma, más allá de pequeños detalles. Teniendo en cuenta que el comienzo de las obras de la Ciudad de la Justicia no será antes de 2013, la reforma se podría haber amortizado ya.
El plan suponía una reordenación de los órganos que alberga el edificio para aportar más sentido común, agrupando despachos como, por ejemplo, los de la Fiscalía, que en la actualidad se encuentran repartidos por varias plantas.
Para ello la Audiencia ganaría una planta, la séptima, recuperando la última, que en la actualidad alberga dos viviendas deshabitadas (la que hace años ocupaban el fiscal jefe y el representante del Poder Judicial en Andalucía). Cada uno de estos pisos cuenta con 500 metros cuadrados, que se dedicarían para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), diversos despachos y la biblioteca. Además, la reorganización permitiría racionalizar el espacio y crear 40 despachos más para jueces y fiscales. De esta forma, cada habitáculo sería ocupado por una o dos personas para evitar, como ocurre ahora, que un pequeño espacio sea compartido por cuatro jueces o fiscales.
Edificio funcional. La nueva estructura pensada por la Audiencia planteaba un inmueble mucho más funcional, ya que, por ejemplo, todos los servicios de atención al ciudadano se aglutinarían en la planta baja para así limitar el acceso de público por las instalaciones y hacer más ágiles las gestiones. Es más, se instalarían baños públicos, pues en la actualidad o bien hay que pedir la llave a los funcionarios o cruzar al edificio contiguo. La Fiscalía sería la otra gran beneficiada, puesto que ocuparía toda la primera planta, permitiéndole así reunir todos los despachos, que ahora están repartidos entre la primera y la segunda planta, en una. Precisamente ésta era una de las peticiones de la fiscal jefe, María José Segarra, pues ello mejoraría la comunicación entre los funcionarios y los fiscales, ahora separados.En cuanto a las Secciones que componen la Audiencia Provincial, el proyecto contempla también una reubicación, de tal forma que ocuparían la segunda, tercera y cuarta planta. El resto de las plantas -quinta, sexta y séptima- serán para el TSJA que gana una planta completa. El hecho de incorporar las dos viviendas situadas en lo más alto del edificio permitiría que la Sala de lo Social y, en especial, la de lo Contencioso-Administrativo ganasen espacio.
En la séptima planta también se ubicarían el despacho del presidente del TSJA, el gabinete jurídico de la Junta, el despacho del archivero jefe y la biblioteca general; dependencias que en la actualidad están repartidas por el inmueble.
