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¿Justicia independiente?

Las asociaciones judiciales redactan un texto contra su politización.

el 27 feb 2010 / 21:24 h.

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El rey Juan Carlos, con el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

La dimisión, no aceptada, del vocal de Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, en plena renovación de los Tribunales Superiores de Justicia ha vuelto a poner en primera línea de fuego la politización de la justicia española.

Una sensación de la que también se hace eco la prensa extranjera, Los Angeles Times (EEUU) tildaba de politizada nuestra Justicia para defender al juez Baltasar Garzón. Y es que a pesar de que es uno de los tres poderes del Estado, junto al Legislativo y el Ejecutivo, son ya demasiadas las voces que incluso desde dentro del propio órgano judicial claman por una mayor independencia.

Es más, entre las diferentes asociaciones de magistrados que hay en España se está cociendo ahora mismo un documento, que lleva ya más de 1.000 firmas suscritas por jueces de todas las ideologías, que llevará por título Por la despolitización de la Justicia, y que será una clara llamada de atención al Gobierno y a la oposición para que dejen de interferir en los asuntos judiciales, tal y como reconoció a El Correo un juez que prefirió no desvelar su identidad "por miedo a las continuas e indiscriminadas inspecciones del CGPJ".

Este órgano es el responsable de velar por la independencia de los jueces a la hora de administrar la justicia, y también es el encargado de la política de nombramientos de los magistrados en el desarrollo de su carrera profesional. Así, el CGPJ decidirá los posibles ascensos de un juez durante su trayectoria laboral y lo propondrá para determinada Audiencia o Tribunal Superior, por ejemplo.
Actualmente, el CGPJ consta de 20 miembros. Lo preside el presidente del Tribunal Supremo y cada Cámara del Parlamento elegirá además a 10 vocales cada uno. Seis candidatos han de ser jueces o magistrados en servicio activo. Los otros cuatro, que también debe aprobar cada Cámara, deberán ser entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio en su profesión.

Lógicamente, los partidos intentarán colocar a quienes consideren más adecuados y cuyas ideas políticas vayan en su misma sintonía, aunque este punto siempre es negado por los partidos políticos.

Esta práctica, vigente desde 1985, fue el origen de la (in)dependencia del máximo órgano rector de los jueces, dado que hasta esa fecha eran los magistrados quienes decidían directamente sobre la composición del CGPJ. "Montesquieu ha muerto", dijo entonces el vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. "Sería conveniente rescatar el antiguo sistema", apunta ahora el presidente de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero.

Tribunal Constitucional. La renovación de los 12 miembros del órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, que debe hacerse por terceras partes cada cuatro años, según refleja la propia Constitución, y lleva también más de un año de retraso por la falta de consenso entre los dos grandes partidos, Partido Popular y PSOE, que no encuentran un punto de consenso con los magistrados que deben ocupar los cargos, y todo con la sentencia del Estatuto catalán como telón de fondo, para la que aún no hay fecha.

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