Retrasos de años, sentencias sin cumplir, abultadas tasas, supresión de recursos, instalaciones deficientes... La radiografía de nuestro sistema judicial no puede ser más desalentadora, más aún cuando el actual panorama de crisis no da margen a inversiones que reviertan esta situación. La pregunta que nos asalta es si con este panorama el acceso a la Justicia y la garantía a una tutela judicial efectiva que el Estado está obligado a salvaguardar al ser uno de nuestros derechos fundamentales se cumple.
La respuesta tendremos que buscarla en el día a día de nuestros juzgados y tribunales donde, más allá de la teoría recogida en papel, es el lugar en el que los ciudadanos acuden en busca de soluciones verdaderas y tangibles a sus problemas. Denunciantes, víctimas, denunciados, detenidos, imputados, acusados... Todos se encuentran al final ante un juez que es el que tiene que tomar una decisión imparcial ante un conflicto que enfrenta a dos partes. Todos somos iguales ante la Ley, pero lograr que se haga justicia se torna para algunos un camino tortuoso, que comienza en una cola para lograr abogado de oficio.
La Administración de Justicia nunca ha sido la más beneficiada en los presupuestos del Estado, y eso ha hecho que tenga que afrontar este largo periodo de crisis económica con sus cimientos muy tocados. La recesión que vive el país se ha cebado con ella por muchos motivos, pues la Justicia, como bien dice el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, está estrechamente ligada con la economía, y mantiene que «invertir en Justicia es invertir en riqueza». Sin embargo, esta máxima no parece que haya calado en nuestros políticos, y lleva a preguntarnos, como dice el titular del Juzgado de Primera Instancia número 4, Francisco Javier Millán, «por qué no interesa invertir en Justicia».
Los datos ofrecidos por el Ministerio de Justicia hablan por sí solos, pues si el año pasado se invirtió en toda España más de 3.842 millones de euros, también es cierto que los juzgados recabaron más de 644 millones de euros entre tasas judiciales, decomisos y multas. En Andalucía, la inversión en Justicia superó los 633 millones de euros, de los que 484 corrieron a cargo de la Junta de Andalucía, según datos de la Consejería de Justicia. Los ingresos se elevaron a casi 91 millones de euros. De ahí, que los jueces sostengan que más agilidad judicial supondría un mayor volumen de ingresos, ya que hay muchos procedimientos estancados y que su resolución se traduciría en dinero para el Estado. Es más, estos ingresos no revierten directamente en el propio sistema, sino que se destinan «a financiar el conjunto de los gastos del Estado», es decir, que lo que recauda la Justicia se puede convertir en un colegio, un hospital o una carretera, por poner algunos ejemplos.
Sin embargo, el atasco que padece el actual sistema es tal que los ciudadanos se ven obligados a esperar hasta tres años, como ocurre en algunos de los Juzgados de lo Social, desde que interponen una demanda hasta que se celebra el juicio. No es el caso de África para quien el hecho de haber tenido que esperar 14 meses para su juicio le parece hasta poco tiempo, «como sabíamos que todo esto va lento cuando nos dijeron la fecha no nos pareció demasiado. Ya vienes con el cuerpo hecho», explica. Ella está pendiente de que un juez diga si tiene o no derecho a una pensión de invalidez, después de que la Seguridad Social le diera el alta a finales de 2012. Desde entonces ella no percibe ningún ingreso «porque no puedo trabajar porque estoy enferma», por lo que subsisten con el desempleo que está cobrando su esposo. «Llevamos más de un año sin nada más» recuerda mientras espera ser llamada para entrar en la sala.
Historias como estas, y mucho más graves, son las que se esconden tras los números y los miles de expedientes que se agolpan en los juzgados andaluces, esperando una respuesta. El Estado español tiene la obligación constitucional de garantizar la tutela judicial a todos los ciudadanos, un deber que incluye, además de una justicia gratuita a todos aquellos que no tengan medios para pagar la defensa de sus legítimos intereses, «un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías», según recoge el artículo 24.2 de la Constitución Española. Sin embargo, que un proceso se resuelva antes o después, «es una cuestión de suerte, según te toque un juzgado más o menos saturado», afirma un abogado y profesor de Derecho que acude a un juicio acompañado de sus alumnos.
Es evidente que en los Juzgados de lo Social, dedicados a todos los asuntos laborales, no se cumple. La avalancha de despidos y reclamaciones de salarios impagados les ha golpeado hasta el punto de que los dos juzgados de refuerzo con los que cuentan están saturados en sólo dos años. Ellos se encargan de casos urgentes o preferentes (un despido, un conflicto por vacaciones) y, sin embargo, están señalando las vistas a nueve meses desde que la demanda se registra, cuando la ley señala en algunos casos que deben solucionarse en días.
Los funcionarios de estos juzgados aseguran sentirse «impotentes», porque tienen la sensación de que el papel les gana siempre el terreno por mucho que trabajen a destajo. En este sentido, el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, asegura que en los juzgados se trabaja «y mucho», una sensación que los propios «ciudadanos perciben cuando se acercan para algún asunto a la Administración de Justicia». A su juicio «no puede pedirse más al que ya trabaja con agobio». Un argumento que comparten en la Fiscalía sevillana, donde una de las funcionarias afirma que a diario «me voy a casa hasta con ganas de llorar», porque «gran parte de lo que nos llega a diario es urgente», sin olvidar que ellos también tienen que hacer guardias, que implican un día completo destinado a este servicio «en el que no puedes sacar adelante el trabajo del día a día, que se acumula en nuestra mesa».
La estampa que se repite juzgado tras juzgado. En el caso de los Mercantiles las empresas en concurso de acreedores (la antigua quiebra) se agolpan en una lista esperando una solución desesperada o el puntillazo que permita un cierre ordenado de la actividad. Trabajadores, proveedores o administraciones dependen de lo que decidan unos jueces a los que el día a día les desborda. Los funcionarios trabajan entre expedientes agolpados y estanterías que han reducido el espacio de trabajo considerablemente, todo pese a que ellos también cuentan con dos jueces de refuerzo.
UN DOS POR UNO. Los otros gran afectados por la crisis son los juzgados de Primera Instancia, encargados, entre otros muchos asuntos, de los desahucios y las reclamaciones por deudas. «Cada juzgado está trabajando como dos y medio», afirma Millán, ya que trabajan un 250% por encima del módulo de trabajo establecido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que está provocando que, como en el caso del Primera Instancia número 4, se estén fijando ya los juicios «para febrero o marzo de 2015. Si ya me parecía una barbaridad señalar juicios a siete meses vista, esto ya no tiene nombre», asegura el magistrado.
Millán también lamenta que el sistema de sustitución de jueces también haya sido víctima de los recortes, pues ahora ya no son magistrados externos los que los llevan a cabo, sino que «nosotros mismos nos turnamos y cada semana dos jueces están de guardia por si algún compañero no viene a trabajar por enfermedad y así evitar que los juicios no se suspendan». Esto implica que esa semana el ritmo del juzgado se vea alterado pero, «no sólo eso, sino que el ciudadano se encuentra que su juicio será visto por un magistrado que con suerte ha tenido media hora para prepararse la vista».
Las criticadas tasas es otro de los elementos que para todos los sectores judiciales han perjudicado considerablemente a los ciudadanos. «Hemos notado una reducción de unos 150-200 asuntos este años», indica Millán, para quien la reducción es «anecdótica» para ellos, pero sin embargo, supone una importante merma de derechos, pues son muchos los que desisten de un procedimiento porque «pese a tener razón, no les compensa económicamente. Más aún cuando el Gobierno también ha eliminado la posibilidad de recurrir en los casos en los que la deuda que se reclama es inferior a 3.000 euros. «La sentencia que dicte el juez es la definitiva, sin tener la posibilidad de que un tribunal la revise», explica.
Pero si su caso ya ha sido juzgado, no cante victoria, porque hasta que logre que se haga cumplir la sentencia tendrá que esperar. Sólo en Sevilla a finales del tercer trimestre de 2013 había 103.265 sentencias sin cumplirse, 41.839 de ellas de los juzgados de Primera Instancia. La solución, según la mayoría, es más funcionarios y más plazas de jueces, ya que estos últimos están saliendo de la Escuela Judicial sin tener un destino asignado. En la última hornada, que ahora está ahora en el periodo de prácticas, la componen 204 jueces que en breve no tendrán dónde ir, más que a los juzgados de refuerzo que se creen.
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