El Ministerio de Justicia ha admitido que se cometió un error con Dolores Vázquez en el caso Wanninkhof, por el que pasó 17 meses en la cárcel acusada del asesinato de la joven de Mijas en 1999. Ahora el Gobierno propone pagarle una indemnización de 120.000 euros, cantidad muy alejada de los cuatro millones que pide su defensa.
Dolores Vázquez, ex compañera sentimental de la madre de Rocío Wanninkhof, fue detenida, acusada de asesinato, por la Guardia Civil en octubre de 2000, un año después de la desaparición de la adolescente. Era la única sospechosa oficial del asesinato. Los investigadores no tenían ninguna prueba contundente contra ella, sólo indicios. El 19 de septiembre de 2001, un jurado popular la declaró culpable del asesinato de Rocío y el juez la condenó a 15 años y un día de prisión y al pago de una indemnización de 108.000 euros, la pena mínima a la que se le podía castigar.
En febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la sentencia contra Vázquez por "falta de motivación en el veredicto" y ordenó repetir el juicio para octubre de ese mismo año. Dolores Vázquez fue puesta en libertad bajo fianza.
Pero esa vista nunca se llegó a celebrar ya que la detención de Tony Alexander King por la muerte de Sonia Carabantes, de 17 años de edad, en Coín (Málaga), esclareció la muerte de Rocío. El británico se confesó culpable en su primera declaración y se hallaron restos de su ADN en una colilla aparecida cerca del cuerpo de Wanninkhof.
King cumple actualmente condena por el asesinato de la joven mijeña, aunque durante el proceso judicial se proclamó inocente e inculpó a Vázquez y a su amigo Robert Graham. La resolución del Ministerio de Justicia todavía no es definitiva. Para que lo sea deberá ser elevada al Consejo de Estado para que éste se pronuncie favorablemente. El pasado verano, ya se efectuó este trámite, sin embargo el órgano estatal concluyó que también debía ser consultado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque se solicitaba también por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.
El pasado mes de diciembre el CGPJ acordó por unanimidad que no se produjo un anormal funcionamiento de la justicia en la detención, ingreso en prisión y posterior condena. De todos modos, este informe negativo no es vinculante.
El Ministerio dio un plazo a Dolores Vázquez para que alegase. Una vez remitida toda la documentación al Consejo de Estado, éste emitirá en dos o tres meses su dictamen, cuyo resultado tampoco vincula al Ministerio de Justicia, que finalmente tendrá la última decisión.
