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¿Justicia para todos?, no, gracias

El Congreso de los diputados ha aprobado por una abrumadora mayoría la restricción de la justicia universal en lo que concierne a la jurisdicción española...

el 16 sep 2009 / 04:53 h.

El Congreso de los diputados ha aprobado por una abrumadora mayoría la restricción de la justicia universal en lo que concierne a la jurisdicción española, limitando los casos en los que ésta puede juzgar a los supuestos delitos en los que exista una relación con nuestro país, bien porque las víctimas son españolas o porque los responsables se encuentren en España. Aprovechando la reforma de la nueva oficina judicial, se modifica el art. 45 LOPJ que había permitido hasta ahora dar amparo judicial a los que no encontraban respuesta en las instancias estatales o internacionales, con lo que de nuevo vuelven al limbo jurídico en el que los ha colocado un orden jurídico injusto y desigual. El acuerdo se ha presentado, como casi siempre, como algo positivo, pues se incluyen nuevos delitos al mismo tiempo que se da seguridad jurídica a los jueces y a los afectados; como si estos avances fueran incompatibles con el ámbito de actuación de la justicia española.

Cierto es que la normativa que se quiere reformar ha llevado a los jueces españoles a instruir causas por delitos presuntamente cometidos muy lejos de nuestro territorio, en regiones y países con poca relación cultural y política con España, caso del Tibet, y que incluso se habían atrevido a indagar al grande de los grandes, a los EEUU, por los presos de Guantánamo, y esto inquietaba al gobierno porque dificultaba sus relaciones diplomáticas. Cierto es también que estos procesos implican un costo real en medios y personas que debe soportar el poder judicial español, aquejado ya de por si por sus propios problemas, de todos conocidos. Cierto es también que la justicia universal que se propugna tiene que poseer sus propias instancias internacionales, y que su sede natural no es en ningún caso la jurisdicción de un Estado que poco o nada tiene que ver con los hechos que motivan algunas de las denuncias. Pero siendo cierto lo dicho, más algún otro argumento que se pueda añadir, no se puede negar que el Congreso ha dado un paso atrás en la consecución de la justicia universal, pues la intervención de los tribunales estatales en este tipo de causas se ha revelado imprescindible, dada la incapacidad de la comunidad internacional para crear una justicia universal que afecte a todos los países y todas las personas.

A poco que se repare en las conquistas más significativas en cuanto a implantación de los derechos humanos, se puede comprobar que éstas no se alcanzaron por decisión espontánea de los que detentan el poder efectivo, sino que fueron producto de las reclamaciones de muchas y muchos, ante la desmesura de los que abusaron de su posición de dominación, y que, sólo tras pagar un doloroso peaje, consiguieron que cristalizaran algunos de estos avances. Prueba de ello es que la Declaración de los derechos humanos surgió tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, y así podríamos seguir identificando las causas que han propiciado tímidos avances hasta llegar al Tribunal Penal Internacional, aunque de jurisdicción limitada por negarse muchos países, entre ellos EEUU, a someterse a dicha jurisdicción. Y en este punto, en el de la construcción de un orden mundial más justo y en el que España estaba jugando un papel fundamental, se renuncia a ello en aras de unos intereses de conveniencia.

Quedan también las víctimas, aquellas que no hallan respuestas, a las que se las abandona en la cuneta como abandonados siguen muchos de los asesinados por el bando triunfante de la guerra civil. La justicia no es para todos, tiene clases y categorías.

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