El Pleno del Ayuntamiento -máxima representación del poder municipal- aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos políticos retirar el título de Hijo Adoptivo de Sevilla y la Medalla de Oro de la ciudad al General Gonzalo Queipo de Llano. Se trata de un acto de ley y de justicia. De ley, porque su ejecución se realiza en el estricto cumplimiento de la legalidad vigente en virtud de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados.
De justicia, porque despojar a un criminal del máximo honor de la ciudad es lo menos que deben hacer nuestros gobernantes por aliviar siquiera una mínima parte del dolor que causó a tantos sevillanos que cometieron el 'horrible pecado' de apoyar la República, un sistema legalmente establecido que Queipo suprimió a través de un golpe militar tan inmoral como antidemocrático.
No puede ser honrado quien representó el terror en su máxima expresión con crueles y despiadadas consignas radiofónicas que desembocaron, inevitable y arbitrariamente, en represión y tortura; el mismo que se jactaba del reguero de sangre inocente que iba dejando por los pueblos de la provincia e incitaba a sus tropas a violar a las mujeres de quienes no se resignaban al yugo absolutista y dictatorial al que sometió a Sevilla.
Como reza la declaración de la Asamblea del Consejo de Europa de 2006, asumir el pasado no es sólo retirar símbolos franquistas sino condenar sin ambigüedades los crímenes cometidos. El Ayuntamiento de Sevilla no es el primero en retirar los honores a Queipo, pero siete décadas después ha hecho justicia con aquel que promulgó el asesinato o la violación masiva por toda la provincia. El indigno General no podía seguir por más tiempo apalancado en el olimpo de los hijos ilustres de Sevilla, aquellos que la amaron y defendieron con su sabiduría. Esta ciudad no ampara criminales de guerra.
