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Justicia pide al Supremo disolver ANV mientras busca pruebas en su contra

La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, instó ayer al Tribunal Supremo a que disuelva los grupos municipales de ANV en 125 ayuntamientos, mientras el Ministerio de Justicia busca pruebas en todos los consistorios gobernados por los abertzales para expulsarlos.

el 15 sep 2009 / 19:47 h.

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La Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, instó ayer al Tribunal Supremo a que disuelva los grupos municipales de ANV en 125 ayuntamientos, mientras el Ministerio de Justicia busca pruebas en todos los consistorios gobernados por los abertzales para expulsarlos.

El escrito del abogado del Estado, presentado junto con el que insta la ejecución de la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), alude a la propia jurisprudencia del alto tribunal para justificar que los ediles de ANV, pese a que no pierden su condición de tales, no pueden integrarse en un nuevo gru-po político (mixto) en sus respectivos ayuntamientos, sino que "tendrán la consideración de miembros no adscritos".

El documento remitido ayer a la denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, de 23 páginas, solicitó también al Supremo que disuelva los grupos de ANV en las Juntas Generales de Vizcaya y Álava dirigiendo a las mismas el oportuno mandamiento judicial, "así como el cese en el abono de toda cantidad que vinieran percibiendo dichos grupos". Para ello, la Sala del 61 deberá dirigir el correspondiente mandamiento "a las administraciones públicas autonómicas, forales o locales que los estuvieran satisfaciendo".

Paralelamente, instan la designación de tres liquidadores de Hacienda para que trabajen en el proceso de liquidación patrimonial de ANV "para que la lleven a cabo hasta dar al patrimonio resultante de la liquidación el destino establecido en la ley". Al igual que se solicitó en el escrito referido al PCTV, se insta al Supremo a que comunique la sentencia de ilegalización a la Junta Electoral Central para que lo tenga en cuenta lo decidido de cara a los próximos procesos electorales.

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia ya está trabajando con la delegación del Gobierno del País Vasco para averiguar si hay posibilidades legales de disolver todos los ayuntamientos en los que gobierna ANV, para lo que está investigando "caso por caso" la actuación de dichos consistorios. El Gobierno busca pruebas que puedan conducir a la disolución de los 42 ayuntamientos del País Vasco y Navarra en los que gobierna ANV, y no sólo en los 24 donde Acción Nacionalista Vasca cuenta con mayoría absoluta, según confirmaron a Efe fuentes del Ejecutivo.

Uno por uno. El ministro Mariano Fernández Bermejo ya avanzó que no cabe la disolución de estos consistorios con carácter general, ya que la Ley de Bases del Régimen Local de 2003 permite disolver un ayuntamiento por razones de interés general, pero examinando los casos uno por uno. Una de esas razones previstas legalmente sería que los actos y acuerdos de los ayuntamientos "supongan apoyo al terrorismo o actuaciones de desprecio a las víctimas".

Por los votos. No obstante y pese a todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, expresó su temor a que la no disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV responda a que el Gobierno esté pensando en volver a la negociación política con ETA. A este respecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió al PP que evite la tentación de "sembrar dudas" en la ciudadanía sobre la "firme voluntad" del Gobierno de "acabar con los terroristas" de ETA y sus "cómplices" pensando en arañar "un puñado de votos" en las elecciones.

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