La Consejería de Justicia y Administración Pública ha comenzado ya con el traslado de algunos servicios a un edificio en propiedad en el Polígono Vega del Rey, en Camas, muy próximo a El Manchón. La medida, con la que la Junta pretende ahorrar en alquileres de sedes, no cuenta con el respaldo de los sindicatos, que amenazan con llevar el asunto a los juzgados.
La mudanza a la nueva sede comenzó el martes y está previsto que concluya mañana, según informó la consejería en un comunicado. El traslado afecta a 50 funcionarios del Servicio de Cooperación con la Administración de Justicia, el de Protectorado de Fundaciones de Andalucía, el de Asociaciones y Colegios Profesionales, el de Medidas de Medio Abierto y Reinserción, el de Menores Infractores y el Gabinete de Relaciones Institucionales.
En la nota la consejería asegura que el traslado se ha negociado con los sindicatos que, en cambio, mantienen que ha sido "una auténtica cacicada". Según explicó el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja), Juan Romero, el traslado supone "una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), donde cada plaza tiene asignado un domicilio que, en este caso, cambia no sólo la dirección, sino de municipio". Éste es precisamente el motivo por el que los sindicatos se niegan a la mudanza, pues "hay compañeros que van a incorporarse a plazas de estos servicios y que las habían pedido porque estaban en Sevilla. Ahora resulta que la plaza se la llevan a otro municipio y a un lugar en el que no llega el transporte público con los inconvenientes que ello supone". Un problema que el Safja recuerda "no sólo sufrirán los funcionarios, sino también los usuarios que tengan que acudir a hacer gestiones". Romero insistió en que a este polígono se trasladarán servicios, como Menores Infractores, a los que diariamente acude público para hacer consultas.
Según Romero, el traslado "es ilegal" porque debería haber sido aprobado en la mesa sectorial "y luego haber sido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y ninguna de las dos cosas se ha hecho". Por ello, ayer presentaron una carta dirigida al viceconsejero de Justicia, José Antonio Ortiz Mallol, en la que le dan "un plazo de tres días para que retrotraiga la orden o de lo contrario denunciaremos por la vía penal por un delito de prevaricación".
Romero añadió que entiende la política de ahorro de la Junta, pero sugirió que "en lugar de funcionarios, que han elegido su plaza en Sevilla por méritos y en condiciones de igualdad, se traslade allí al personal externo, como por ejemplo los informáticos que dependen de sus empresas".
La Consejería compartirá este edificio con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa de la Consejería de Educación. De esta forma, ocupará la segunda planta del edificio propiedad de la Junta, que cuenta con de 1.320,44 metros cuadrados. Según la consejería, el objetivo es ahorrar y "mejorar la calidad" de los centros de trabajo.
