La familia de Marta del Castillo recibe estos días la solidaridad de un país, consternado por los detalles que han ido apareciendo sobre el brutal e inexplicable crimen de la joven, ocurrido hace un mes. La indignación ciudadana, destapada al conocerse su muerte, se ha ido acrecentado a medida que trascendía el maquiavélico plan trazado por los autores para deshacerse del cadáver y cómo alguno incluso encabezó las labores de búsqueda y acudió con el padre a la comisaría para formalizar la denuncia de su desaparición.
Varios miles de personas arroparon el sábado en la capital de España a la familia y exigieron la convocatoria de un referéndum para instaurar la cadena perpetua en España. Es comprensible que los familiares, desgarrados por un dolor inconsolable, reclamen al Gobierno que caiga todo el peso de la Justicia sobre los autores de tan execrable crimen, pero conviene que la sociedad, en estos momentos de ira contenida y tensión máxima por la búsqueda infructuosa del cadáver, confíe en el Estado de Derecho como garante de las libertades. La cadena perpetua es inconstitucional y puede generar efectos perniciosos como el recorte de derechos civiles.
Además, se ha revelado como un arma inútil para frenar los crímenes en aquellos países que aún la mantienen. Desde el máximo respeto a la familia de Marta, compartiendo su dolor y condenando este inexplicable crimen, todos debemos aportar serenidad a un debate que no debe pasar ciertos límites razonables, como la posibilidad de endurecer las penas para delitos de especial gravedad y crudeza como es el caso que nos ocupa. La cadena perpetua no soluciona ningún problema, más bien al contrario, degrada a la sociedad que lo aplica y reduce los castigos al ojo por ojo, colocando al propio estado de Derecho, en muchos casos, al mismo nivel moral que los autores de los delitos. Es hora de llorar a Marta y de exigir justicia, sin que lleguemos a confundirla con venganza.
