Lo anunció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su memoria anual y su presidente, Lorenzo del Río, lo ha defendido en varias ocasiones con la oposición de los sindicatos. Ayer, la Comisión Mixta de Justicia se reunía para trabajar en un plan para reubicar a funcionarios de órganos menos saturados a los que están sobrecargados, aunque, según recalcaron ayer, sin que ello suponga un traslado «territorial» del personal actual. El consejero de Justicia, Emilio de Llera, explicó ayer que hay juzgados con «poca carga de trabajo y dónde sobran funcionarios», mientras que hay otros con «sobrecarga de trabajo» y donde «faltan muchísimos» funcionarios. De Llera puso como ejemplo las secciones de lo Civil de la Audiencia, mientras que en las de lo Penal, por lo que anunció un trasvase de plantilla de unas secciones a otras. Igualmente, dijo que en los órganos de lo Contencioso-Administrativo también se podría ajustar el personal para trasladarlos a juzgados como los de lo Social. De Llera especificó que estos cambios no van a suponer un traslado territorial de los funcionarios y recordó que esta propuesta «tiene que ser negociada con los sindicatos», a lo que Del Río apuntó que espera que los funcionarios «sea proclive» y así se puedan equilibrar las cargas de trabajo. Una vez que se logre un acuerdo, éste tendrá que ser enviado al Ministerio de Justicia que será el que tenga la última palabra. Asimismo, en la reunión de ayer también se trataron diversos puntos par mejorar la informatización de los juzgados, donde la Consejería va a distribuir 5.000 ordenadores nuevos entre los juzgados, 290 sistemas de grabación de vistas y 790 impresoras y escáner. Un plan dotado con 9,4 millones de euros De Llera también explicó que se va a potenciar las comunicaciones a los interesados en los procesos a través con sms en los móviles, lo que permite acelerar y ahorrar dinero y trámites, ya que el consejero destacó que «hoy todo el mundo tiene móvil y es una forma de agilizar». Igualmente, se abordó el llamado sistema de comunicaciones seguras con las cárceles, para evitar el «trasiego» de papeles entre las cárceles, «que están fuera de las ciudades», y los juzgados. Por último, se acordó el impulso de la destrucción de coches de los depósitos judiciales.
