La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia acaba de finalizar el mapa de fosas comunes más completo conocido hasta el momento en la provincia de Sevilla. El estudio, dirigido por el investigador Ángel del Río y financiado por la Consejería de Justicia y Administración Pública, revela que en la provincia existen 168 fosas repartidas en 81 municipios y en las que se hallan más de 12.000 personas. En las tres últimas décadas de democracia, apenas han sido exhumados los restos de 2.000 de esas víctimas, por empeño fundamentalmente de los familiares más que por la ayuda de las instituciones. Apenas el 16% de los represaliados asesinados en la Guerra Civil han podido ser identificados y honrados por los suyos. El presidente de la Asociación, Rafael López -que también ha cartografiado las fosas de Cádiz y Huelva- ha detallado con extrema minuciosidad el número de personas que murió fusilada, los que fallecieron en las cárceles o campos de concentración. El Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que ha abierto una causa para investigar todas las muertes de la Guerra Civil ante un posible delito de lesa humanidad, tendrá en este detallado informe una extraordinaria herramienta de trabajo para su investigación que, lejos de reabrir viejas heridas supone una oportunidad de justicia para que las familias de las víctimas puedan honrarlas y permitir que descansen en paz. Ése y no otro es el espíritu de la Ley de la Memoria Histórica, que lejos de ir contra nadie, ampara legalmente a quienes perdieron un día a sus seres queridos y nunca pudieron llevarle un ramo de flores. Los españoles tenemos en esta ley y en iniciativas como la de Garzón, la oportunidad de cerrar, esta vez para siempre, la parte más negra de la historia de este país, sin hacerlo en falso como hasta ahora. Las miles de personas de uno y otro bando que murieron injustamente merecen descansar. Es una cuestión de ley y sobre todo, de justicia.
