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Juzgan este martes a un policía nacional por detener ilegalmente a un profesor de la Universidad Pablo de Olavide

el 08 oct 2011 / 09:56 h.

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Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, al  que ha tenido acceso Europa Press, los hechos tuvieron lugar sobre  las 2,30 horas del día 21 de enero de 2007, cuando agentes de la  Policía Nacional se dirigieron a la Plaza de la Mata de la capital  hispalense y detuvieron al profesor, S.C.R., "que formaba parte de  una concentración de personas que allí se había formado en protesta  por la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en la vía  pública".

Así, agrega que, cuando fue requerido por los agentes a fin de que  se identificara, se limitó a exhibir su DNI, "que sujetaba en una de  sus manos, con las que hacía diferentes ademanes, pero negándose en  todo momento a entregar el referido documento a los agentes, por lo  que resultaba imposible recoger sus datos de filiación e identidad".  Trasladado por los agentes a las dependencias del Cuerpo Nacional de  Policía en la avenida Blas Infante, y tras ser sometido a un "breve"  cacheo, se pudo finalmente obtener su DNI y, de esta forma, "se le  identificó plenamente".  Tras ello, el agente inculpado, que actuaba de instructor del  atestado que se elaboró en relación a la detención del profesor,  "pese a que en torno a las 3,00 horas, una vez informado de sus  derechos como detenido, este se hallaba plenamente identificado, con  notoria negligencia no comprobó este extremo y ordenó mantener su  detención y su consiguiente traslado a los calabozos". 

DESNUDO EN LOS CALABOZOS


Añade el fiscal que, una vez en los calabozos, uno de los agentes  que allí se encontraban de servicio, "que no ha podido ser  identificado y sin que conste actuase en virtud de una instrucción  del inculpado, requirió al profesor, sin que existiera causa alguna  que lo justificara, a fin de que se desnudara, a lo que no tuvo más  remedio que acceder el detenido". 

Por estos hechos, la Fiscalía pide para el policía imputado la  pena de siete meses de suspensión para empleo o cargo público y el  pago de las costas procesales por un delito contra la libertad  individual

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