Imaginan a un comisario de policía augurando que va a detener menos delincuentes el próximo año porque le faltan medios para enchironarles? ¿O a un médico, con que va a reducir el uso de los quirófanos, salvo casos urgentes, ante los males endémicos que sufre el sistema de salud? En gran medida, he ahí el rentoy que lanzó esta semana el juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, al advertir que ante el consabido colapso judicial podría reducir los señalamientos de juicios durante 2009. ¿No se da cuenta este almamía que está tirando piedras sobre su propio tejado?
Cierto es que el sistema Sócrates se apolilla en muchos juzgados, que faltan funcionarios aunque a veces sobren corporativismos en los palacios de justicia, que esta se ralentiza y por ello corre el riesgo de dejar de ser justa. Cierto es que el Consejo General del Poder Judicial puede confirmar simplemente la multa de 1.500 euros impuestas al juez Rafael Tirado por el Caso Mariluz, en una cuantía y rango inferior a lo que se impuso a su secretaria.
Pero también es real que Rafael Ricardi Robles, por ejemplo, lleva cuatro meses en libertad condicional esperando a que el Tribunal Supremo le declare definitivamente inocente por una violación que no cometió y que le ha tenido la friolera de trece años en el trullo. Los fallos del sistema judicial han sido clamorosos en su caso, empezando por la tardanza de ocho años en que los tribunales reconocieran las pruebas de ADN facilitadas por el Instituto Nacional de Toxicología.
¿También tiene la culpa la Junta de Andalucía del manifiesto fiasco de dicho procedimiento? Pues claro que la tiene, en parte, y el Gobierno de la Nación, porque encarnan al poder político encargado de velar por el mismo en esta comunidad. Pero otros de sus principales actores son los magistrados que ahora se cobijan bajo el paraguas del llamado Movimiento 8 de Octubre: fue la fecha de una reunión de jueces decanos celebrada en Cádiz y en la que sus señorías se hicieron lenguas, a propósito del Caso Mari Luz, de la paja o de la viga en el ojo de los gobernantes, sin echar cuentas a la viga o a la paja en el ojo propio. Que yo sepa, nadie ha mostrado en público un mínimo gesto de humildad por el hecho de que el asesino de la niña de Huelva no hubiera sido ya encarcelado por un delito anterior.
Antes de que se líen la toga a la cabeza, sería cuestión de que unos y otros se dejaran de puñetas y se pongan a juzgar juntos a la justicia antes de que el pueblo soberano les juzgue a todos ellos.
