La guerra a la inmigración ilegal ha vuelto a la primera línea de la actualidad política. El veto de Vic (Barcelona) a empadronar a los sin papeles y un 2010 preelectoral -acusa el PSOE- lo han hecho posible. Ayer la Abogacía del Estado y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) intentaron zanjar el debate político con la publicación de dos informes.
El estudio de los servicios jurídicos del Estado concluye que "la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español". Este informe fue elaborado tras la decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los inmigrantes irregulares. Así lo informó ayer el Ministerio de Justicia en una nota de prensa, en la que señala que, según la Abogacía del Estado, "en consecuencia, no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España". "A efectos de tramitar las solicitudes de los extranjeros de inscripción en el padrón municipal, debe entenderse y considerarse como válido y suficiente un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado", añadió el informe de la Abogacía, que fue remitido a la Delegación del Gobierno en Cataluña.
También trascendió ayer el informe de la FEMP con similares conclusiones a la de los servicios jurídicos del Estado. Así la Federación entiende que los ayuntamientos tienen la obligación de registrar a los extranjeros indocumentados en el Padrón, y si no, el Estado, a través del INE, podrá hacerlo. Así consta en ese informe, al que tuvo acceso ayer Efe, que será debatido el próximo día 26 en la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, tal y como ya ha adelantado su presidente, Pedro Castro.
Obligación municipal. Según recuerda el informe, los ayuntamientos están obligados a actualizar su padrón y, si no lo hacen, el Instituto Nacional de Estadística, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá ejercer la acción sustitutoria prevista en la Ley de Bases del Régimen Local. Indica el informe que "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse" en el Padrón y al hacerlo adquiere la condición de vecino del municipio en el que se empadrona y, por tanto, los derechos y deberes que les atribuye el artículo 18 de la Ley de Bases del Régimen Local. Sobre este asunto se pronunció el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien aseguró ayer que no permitirá que por un "truco" de un Ayuntamiento, en referencia a Vic, haya personas que queden sin asistencia sanitaria o cuyos hijos no puedan acudir a la escuela. En la rueda de prensa que ofreció en el Parlamento Europeo tras presentar ante el pleno el programa de la presidencia española de la UE, Zapatero fue tajante al rechazar la propuesta de Vic de no permitir el empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular. Mientras PSOE y PP se enzarzaron en una batalla política. Los populares aseguraron que hay que dar el mensaje de que a España "se llega con papeles y con un empleo", mientras el PSOE los acusó de hacer "demagogia y electoralismo" con "falacias" sobre la inmigración en época electoral.