La Abogacía del Estado sigue la pista del dinero en la investigación de las irregularidades detectadas en la Zona Franca de Cádiz. En un informe intenta probar que parte del capital invertido en el portal informático Rilco se transfirió a cuentas bancarias a las que tenía acceso el ex delegado de este recinto fiscal, el popular Manuel Rodríguez de Castro.
En este documento, que reveló ayer la Cadena Ser, se da a conocer el paradero de los 4,2 millones de euros con los que el consorcio contrató en el año 2003 los servicios de Miami Free Zone para desarrollar este proyecto. Esta empresa subcontrató a su vez a Duarte Corporacion, una sociedad con sede en Panamá, que realizó, según esta versión de los hechos, transferencias de al menos 215.000 euros a entidades y personas cercanas a Manuel Rodríguez de Castro.
Entre esas entidades aparece Iberian Reits, cuya única cabeza visible era el ex delegado del PP de la Zona Franca de Cádiz, como una de las sociedades que contaba con fondos procedentes de la compañía panameña.
Con estas nuevas pruebas, la Abogacía del Estado intenta demostrar que el portal informático Rilco, que nunca llegó a funcionar, sirvió para encubrir la apropiación indebida de dinero público por parte del ex delegado de la Zona Franca gaditana imputado en el caso, que continúa estancado en el juzgado.
El procedimiento lleva casi dos años parado a la espera de un cuarto informe independiente solicitado por la Fiscalía para ir a juicio con una acusación contundente.
A finales de 2007 el juez pidió la contratación de un perito por parte de la Junta de Andalucía, que en mayo de 2008 comunicó que no podía pagar los 36.000 euros presupuestados.
Finalmente, en octubre del pasado año se conoció que, aunque la administración autonómica no afrontara los gastos, el peritaje se iba a realizar sumando esta factura a los costes judiciales del proceso.
La Abogacía del Estado presentó una querella en agosto de 2005 contra Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, quien le sucedió en el cargo durante la gestión del Partido Popular al frente de la Zona Franca, porque los considera autores de diferentes delitos relacionados con el portal Rilco, entre ellos, la apropiación indebida de unos cuatro millones de euros.
Esta denuncia la fundamentó en un complejo informe, al que se sumaron posteriormente los de Miami Free Zone y Telvent, las empresas que aportaron material informático para el portal de internet.
El Ministerio Público considera fundamental la existencia de un cuarto peritaje que sea imparcial, aunque el largo periodo de elaboración del informe impide que pueda concluir la instrucción del caso.
