La Abogacía del Estado considera que los acuerdos municipales para permitir que vías públicas del País Vasco lleven el nombre de personas vinculadas a actividades terroristas deben considerarse "radicalmente nulos", por lo que cree que esas placas conmemorativas deberían ser retiradas.
Así lo argumentan los servicios jurídicos del Estado en un informe que le había solicitado el delegado del Gobierno en el País Vasco en relación con una petición formulada en dicha Delegación para que se adoptasen las medidas necesarias para modificar el nombre del parque José Manuel Aristimuño -etarra fallecido en un enfrentamiento con la Policía en 1981 en Vitoria- en Hernani (Guipúzcoa).
Según considera el informe de la Abogacía del Estado, el acuerdo del Ayuntamiento de Hernani, con fecha de 24 de marzo de 1982, es "nulo de pleno derecho" en la medida en que vulnera el derecho fundamental al honor de las víctimas de los delitos cometidos por Aristimuño, quien, según los informes de las Fuerzas de Seguridad, acreditan "sobradamente" su pertenencia a ETA y su "largo historial delictivo". Los servicios jurídicos añaden también que no sólo atenta al honor de las víctimas sino al de toda la sociedad, que desde hace mucho tiempo viene sufriendo las consecuencias de ETA, "en la interpretación que de este derecho ha realizado el Tribunal Constitucional y de su relación con la dignidad de la persona reconocida en el artículo 10 de la Constitución Española".
De la misma manera, el informe entiende que el reconocimiento que realiza el consistorio de Hernani hacia Aritimuño supone una "manifestación expresa por parte de la entidad local [Ayuntamiento] sobre las bondades de la actividad de dicha organización terrorista (...) y sobre la heroicidad de un terrorista etarra fallecido".
Por ello, los servicios jurídicos estiman procedente que la Delegación del Gobierno en el País Vasco requiera al Ayuntamiento guipuzcoano de Hernani, gobernado por Acción Nacionalista Vasca (ANV), que anule el acuerdo de 1982, modifique el nombre del parque y retire las placas conmemorativas, y que, de no ser atendido este requerimiento en el plazo de un mes, impugne el referido acuerdo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Aplicar en otros supuestos. Por último, la Abogacía del Estado subraya que, aunque el informe analiza la decisión concreta del consistorio de Hernani, debe entenderse que la conclusión alcanzada "es de aplicación a otros supuestos semejantes" y, por lo tanto, que sería procedente extender "el mismo análisis e idénticas consecuencias" a los acuerdos del País Vasco en los que se homenajee a miembros o colaboradores de ETA.
La petición a la Delegación del Gobierno del País Vasco de las medidas necesarias para modificar el nombre del parque fue formulada el pasado mes de enero por los familiares de Jesús Velasco Zuazola, asesinado por el comando al que pertenecía Aristimuño.
