La Fiscalía ha asegurado hoy que existen pruebas "claras y rotundas" del asesinato cometido por un agricultor contra su hermano en La Rinconada (Sevilla), que según la acusación particular se cometió "a sangre fría" por la mala relación entre ambos y tras la situación económica "desesperada" del acusado. La Fiscalía ha mantenido su petición inicial de 22 años de cárcel para el acusado, Francisco G.C., de 47 años, por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, mientras que la acusación particular, que ejerce María José González en representación de la viuda y tres hijos del fallecido, eleva la petición a 23 años. En su informe definitivo, la Fiscalía ha reiterado que el asesinato se cometió el 16 de junio de 2013 en una nave familiar del polígono industrial La Jarilla porque era el lugar "idóneo" por la ausencia de testigos y no había inconvenientes para el ataque, que se produjo con tres disparos en la cabeza. Ambas acusaciones han coincidido en afirmar que el acusado tenía la pistola desde hacía tiempo y en destacar los restos de pólvora encontrados en el volante y la puerta de su coche y en el cinturón y el gorro de paja que llevaba el acusado, así como las imágenes de cámaras de seguridad que lo sitúan en el lugar de los hechos. La acusación particular, que ha aludido a que lo ocurrido le recordada al relato bíblico de Caín y Abel, ha resaltado que el asesinato se cometió a "sangre fría" y que el acusado no quiso declarar hasta que se levantó el secreto del sumario para montar su coartada, que ha calificado de "ridícula". Las dos acusaciones también han aludido a la pistola con la que se causó la muerte al agricultor, la misma que la empleada un año antes para intentar asesinar a un empresario, que le ganó un pleito al acusado y le obligó a entregar su vivienda para saldar la deuda contraída. El defensor del acusado, Nicomedes Rodríguez, ha pedido la absolución del acusado alegando la falta de custodia de las pruebas analizadas por la Guardia Civil, y ha recordado que la primera línea de investigación fue la de unos rumanos que trabajaron en la zona, que se abandonó cuando se localizó la pólvora. El abogado ha lamentado que no se profundizara en esa línea a pesar de que la noche antes del crimen se vieron a dos rumanos ante la nave en la que fue asesinado y de los mensajes amenazantes que la víctima había recibido en su móvil. Tras los informes definitivos, el juez concedió el último turno de palabra al acusado, que tuvo que ser cortado en varias ocasiones por el magistrado porque se refería a cuestiones no relacionadas con el caso, y al final señaló que no había declarado antes por "miedo" a unos empleados que fueron despedidos de una instalación solar próxima. El acusado concluyó su testimonio entre sollozos y con un recuerdo a su mujer y su hijo, lo que provocó un murmullo de desaprobación entre el público asistente, muchos de ellos familiares, y al salir de la sala fue llamado "sinvergüenza" mientras que el juez impidió que saliera junto al resto de la gente, como en días pasados, para evitar incidentes. El próximo lunes se le entregarán al jurado popular, compuesto por siete mujeres y dos hombres, las preguntas que deben responder para emitir su veredicto, tras lo cual el juez pondrá la sentencia.
