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La administración contra la administración

La Consejería de Hacienda defiende que su plan de ajuste protege de los recortes del Estado a sus empleados públicos, pero éstos se rebelan contra un nuevo tajo en sus sueldos

el 09 jun 2012 / 18:36 h.

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Hace diez días, el vicepresidente andaluz anunció un aplazamiento del plan de reequilibrio financiero (que recoge un recorte de 2.700 millones al Presupuesto de 2012) sin más razón de ser que la de sentarse a negociar con los sindicatos. Al Gobierno central no le sentó nada bien, le pareció un gesto más de la siempre revoltosa Andalucía, y amagó con retener el dinero que iba a entregar a la Junta para que rinda cuentas con proveedores y ayuntamientos. Al final no lo hizo, pero quedó claro que el Ministerio de Hacienda vigila cada paso que da Andalucía, para que no saque el pie de la línea que han trazado España y Bruselas: la reducción del déficit al 1,5% del PIB.

En realidad la prórroga también le servía a la Junta para apurar hasta el último momento, porque no se fía de que el Gobierno introduzca in extremis nuevas medidas en el Presupuesto General que luego acrecienten el recorte a los servicios andaluces.
Y ahí están, Gobierno y Junta, jugando al póker de los ajustes, cada uno defendiendo su forma de hacer política y sus prioridades de gasto. Andalucía orgullosa de ir a contracorriente de la "obsesión por la austeridad" y cortocircuitando, en la medida de lo posible, el efecto de los recortes estatales a sus servicios públicos: no se aplicará la subida de la ratio escolar (que habría supuesto 3.500 profesores menos), se recurre el veto a la subasta de fármacos y se amortiguan los despidos en la administración bajando salarios a los fijos y reduciendo la jornada laboral y el sueldo a los eventuales.

La defensa férrea del empleo es la lectura que hace la Junta. Visto así, sería lógico pensar que el Gobierno andaluz cuenta con la complicidad de sus huestes, que sus empleados públicos (médicos, profesores, personal de justicia y de administración) están en la retaguardia apoyando sus esfuerzos para evitar que los recortes "destruyan empleo público y menoscaben los servicios esenciales".

Pero no está sucediendo así. Todo lo contrario. Los empleados públicos acusan la mayor parte del recorte andaluz: 777 millones de ahorro en nóminas. Una reducción del 5% de media en el sueldo de los funcionarios, más un 30 o un 40% menos en las pagas extra de junio y diciembre, y una reducción del 15% en salario y jornada laboral a interinos.
Más allá del anuncio del aplazamiento para sentarse con los sindicatos, "no ha habido negociación", denuncian CSIF, CCOO y UGT. En los últimos 10 días sólo ha existido un diálogo de sordos en la distancia: miembros de la Junta, del PSOE y de IU hablan de "alternativas y mesas de negociación". Los sindicatos replican que ni les han mandado "alternativas ni hay negociación".

Junta y sindicatos analizarán las propuestas en la Mesa de Función Pública que se convocará el martes día 12, a tres días de la fecha tope que puso la consejera Carmen Martínez Aguayo (el 15 se aprueban los Presupuestos Generales). Por lo bajo empieza a gestarse un estado de ánimo de indignación entre los funcionarios, una réplica del tsunami de la administración contra la administración, los funcionarios contra la Junta, el mismo esquema enfurecido que se vivió con la accidentada reforma del sector público: manifestaciones, actos de boicot a los miembros del Gobierno y lluvia de recursos.

El silencio de la Junta para con los sindicatos no lo interpretan todos del mismo modo. CSIF, el más combativo con la reforma de la administración, sospecha que la Consejería de Hacienda está negociando con "los sindicatos afines", CCOO y UGT, para arrinconarles a ellos. CCOO y UGT niegan siquiera el diálogo, pero reprochan a la Junta que dé pábulo a la teoría conspirativa de CSIF manteniendo este silencio.

La prórroga no parece haber servido para acercar posturas. Si en el último minuto se sientan las partes, abrirán un diálogo sentados sobre el volcán, con la misma urgencia que hace 10 días, antes del aplazamiento. Quizá, como repite la Junta, no hay más margen que el que hay.

1. ¿Por qué se opone su organización al plan de reequilibrio de la Junta?

2 ¿Qué alternativas propone al recorte de 777 millones en las nóminas?

3 ¿Qué opina de los planes de ahorro presentados por otras autonomías?

4 ¿Confía en poder cambiar el plan durante la negociación?

5 ¿Ve alguna relación entre el tijeretazo y la reforma del sector público?

6 Si el decreto no se modifica ¿habrá una respuesta en la calle?

José Luis Heredia, presidente de CSIF-A:"En el Gobierno andaluz no puede haber duplicidades"

1 Estamos en contra del plan porque la Junta siempre le pega a los que tienen menos culpa, que son los empleados públicos. No somos responsables ni de la crisis ni del déficit de la administración. En dos años y medio nos han bajado el sueldo un 21%. El plan de ajustes es injusto, desproporcionado e ineficaz. Hay otras fórmulas, pero parece que lo más fácil para el Gobierno andaluz es rebajar en el capítulo de personal.

2 Nosotros decimos un no rotundo a recortar 777 millones en personal. Proponemos otras alternativas, como reducir un 50% los sueldos a los altos cargos del Gobierno andaluz y a los políticos un 30%, eliminar coches oficiales y embajadas de la Junta en el exterior, rebajar las ayudas a empresarios, sindicatos y partidos políticos y suprimir aquellas empresas públicas que realicen la misma función que la administración. En la Junta hay demasiados asesores y, por supuesto, queremos acabar con los pluses que cobran por productividad.

3 Que yo sepa Madrid solo reduce un 3,3% el sueldo de sus funcionarios y, además, quiere quitar un alto porcentaje de parlamentarios. Aquí también se tendría que plantear algo así. Aunque es verdad que los altos cargos, políticos y trabajadores de Madrid ganan más que los andaluces. Lo que es desproporcionado es que los altos cargos de la Junta se rebajen un 5% el salario cuando nosotros acumulamos ya un 21%. Ellos deberían recortarse la nómina entre un 10 y un 15% como mínimo. Nosotros no apostamos por que desaparezcan puestos de trabajo en las empresas públicas, pero sí que se eliminen los entes en los que haya duplicidad de funciones.

4 Me da la sensación de que el cambio en el plan será insuficiente. Sabemos que Izquierda Unida está presionando muchísimo a su socio de Gobierno para que se modifique sustancialmente, pero desde CSIF creemos que el recorte de 777 millones en personal se moverá muy poco. Lo que debe quedar claro es que tan responsable será IU como el PSOE de los recortes.

5 Es distinto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La reforma del sector público fue un fracaso y la prueba está en que los tribunales la están echando para atrás. Sigue habiendo muchas empresas públicas en Andalucía y algunas no se sabe ni qué hacen. Insisto, no tiene sentido que haya duplicidades en la administración.

6 Nosotros fuimos los primeros que nos echamos a la calle para decir un no rotundo al plan de ajuste y vamos a seguir en esa línea hasta que haya un final feliz para los trabajadores. El mes de junio está totalmente cubierto de movilizaciones y cuando sepamos cómo queda el decreto final, tomaremos las medidas oportunas. Cosa distinta es si viéramos un gesto en los sueldos y la reducción de altos cargos de la Junta pero, de momento, no hemos visto ningún gesto.

José Blanco u CCOO - Función Pública: "Lo que la Junta permita eliminar, no se recuperará"

1 El plan de ajuste atenta contra los derechos de los trabajadores públicos, merma los servicios esenciales y, diga lo que diga la Junta, supone pérdida de empleo público. No se despide a nadie pero se deja de contratar.

2 Primero, para poder negociar de manera efectiva, pedimos a la Junta que nos diga el impacto presupuestario de las medidas estatales en el plan de ajuste y el impacto total en cada una de las consejerías. Proponemos otra vía política que pase por recuperar ingresos, no ahorrar gastos. No hay una propuesta única para el conjunto de la administración, quien lo diga no es claro. No se puede deteriorar las condiciones laborales echando a interinos e impidiendo cubrir las bajas. Es una máxima de CCOO reducir la cifra de 777 millones de recortes en las nóminas.

3 La mayoría de planes de ajuste de las comunidades supone una merma del empleo público sin precedentes: Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia han despedido y privatizado empresas públicas. No todas las propuestas son efectivas, por ejemplo, la reducción a la mitad del número de diputados que ha presentado Esperanza Aguirre significará un ahorro mínimo. En Andalucía, al menos, hay una clara voluntad de mantener el empleo y los servicios públicos. Sin embargo, sabemos que lo que la Junta permita que se pierda, no se recuperará. Por ejemplo los 2.000 profesores que se jubilan al año, de los que sólo se podrá sustituir a un 10%.

4 El aplazamiento no ha servido para acercar posturas, pero sí para la reflexión conjunta y para marcar ejes estratégicos. Mientras esté abierta la negociación hay margen de maniobra. El objetivo es cambiar las prioridades de ahorro por capítulos y en cada consejería. El margen de maniobra no termina cuando se apruebe el decreto ley. Como se va a tramitar en el Parlamento como ley, tendremos tres meses más para modificar el plan vía enmiendas. Los efectos del recorte, una vez se apruebe, serán inmediatos. Pero si luego lo cambiamos, quiza la reducción de la paga extra de diciembre ya no se aplique.

5 No le veo similitud con la reforma del sector público. La Junta se equivocó al aprobar el plan de ajuste y llevarlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de presentárselo a los principales implicados, los trabajadores. Parece que las tensiones entre la Junta y el Ministerio de Hacienda han dificultado la negociación con los sindicatos.

6 Pensamos que no se puede poner en cuetionamiento el trabajo de los empleados públicos y la validez de los servicios aprovechando el debate de los recortes. Mientras haya discrepancias sobre los recortes, seguiremos adelante con las movilizaciones en la calle, en paralelo al trámite parlamentario del decreto ley.

Antonio Tirado u UGT - Función Pública: "Las comunidades del PP despiden y privatizan servicios"

1 Estamos en contra de los recortes en las nóminas de los empleados públicos. El plan me parece mal porque donde más repercuten los ajustes es en la calidad de los servicios públicos. Es ilógico y además injusto. Al final va a ocurrir como lo que está pasando en todo el país: se están liquidando servicios públicos y privatizando.

2 UGT planteó once sugerencias a la Junta. Todavía nos faltan un montón de datos porque solo tenemos la cuenta final, que es el recorte de 777 millones de euros en personal, pero nos faltan los detalles. Creemos que se puede recortar más en altos cargos de todas las consejerías. En sanidad, por ejemplo, hay un montón de cargos intermedios que dependen directamente de los gerentes y no son necesarios. También abogamos por que se rebajen más el salario los políticos. A ningún alto cargo de la administración le pueden descontar menos de la nómina que el mayor descuento a los empleados públicos. No es de recibo que los que más cobran se recorten un 5%.

3 Nuestra primera prioridad es que no se pierda o destruya empleo. Nos alegra que la Junta haya asegurado que esto no se va a producir pero la realidad es que la calidad de los servicios no se va a poder mantener, porque, por ejemplo, no se harán sustituciones ni nuevas contrataciones de profesores interinos. Respecto a lo que hacen otras comunidades, sí hay grandes diferencias. En las regiones donde gobierna el PP se recortan más los sueldos públicos y despiden a trabajadores, además de privatizar servicios públicos y externalizar otros. Aquí la plantilla andaluza va a hacer un enorme esfuerzo para evitar que se destruyan puestos de trabajo.

4 Sinceramente, no lo sé. Estamos esperando que la Junta cumpla su compromiso y se siente a negociar con los representantes de los trabajadores. Lo único que sé es que un recorte de 777 millones en personal es mucho dinero. Somos conscientes de que un tijeretazo en las nóminas públicas va a haber, pero esperamos que el impacto sea el menor posible. Lo que tenemos claro es que la Junta no puede saltarse el acuerdo de que ningún empleado de la administración cobre menos de mil euros. Queremos que los que ganen eso se mantengan al margen de los ajustes.

5 No. Algunos están intentando mezclar las cosas pero no tiene nada que ver. UGT acertó en su postura de arreglar la negociación sobre la reforma del sector público y, gracias a eso, conseguimos que 7.000 trabajadores de empresas públicas no se fueran literalmente a la calle.

6 Sí, seguiremos con las movilizaciones. UGT va a realizar una consulta para ver si es pertinente una huelga general en el sector público. Hasta que no tengamos la certeza de que los trabajadores comparten la huelga, no la vamos a convocar. Si el Gobierno andaluz no es sensible a nuestras peticiones, nos veremos obligados a continuar con las manifestaciones.

 

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