La Federación Católica de Ampas de Sevilla (Fecapa) ha señalado que la Consejería de Educación "va mucho más allá" de lo que el sistema competencial permite a la comunidad autónoma en la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), después de que la consejera Mar Moreno haya anunciado este miércoles que los centros andaluces de Primaria y Secundaria impartirán este curso 2012-2013 esta materia con "el cien por cien" de los contenidos "podados" por el Ministerio del ramo a través del Real Decreto de 4 de agosto.
"Es absolutamente ilegal", ha asegurado el presidente de Fecapa, Carlos Seco, quien, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que a mediados de junio la Federación solicitó una audiencia a la Consejería "para tratar con ella la posible modificación del curriculum de Educación para la Ciudadanía", pero "ni nos ha recibido ni nos ha dado audiencia", con lo que "una vez más Mar Moreno manifiesta su absoluto desprecio a las familias, a la libertad de enseñanza y a la libertad de educación".
Por otra parte, Carlos Seco ha afirmado que incorporar todos los contenidos que por parte del Gobierno central han sido eliminados por el Real Decreto del 4 de agosto con la aplicación del 35 por ciento del ámbito autonómico --tal y como ha explicado este miércoles Mar Moreno-- "resulta absolutamente ilegal puesto que no es ese el ámbito de materias que se pueden incorporar por las comunidades autónomas".
Por tanto, "reaccionaremos ante esa nueva redacción del curriculum a través de las acciones legales que nos permite la Ley a través de acción contencioso administrativa", puesto que este anuncio de la consejera "es un vulneración del derecho de las familias y del sistema competencial de la comunidad autónoma", porque "va mucho más allá de lo que el dicho permite a la Consejería, y por lo tanto es absolutamente ilegal".
Además, Seco ha recordado que a través de la EpC "se impone al alumnado el relativismo moral, el positivismo jurídico y la ideología de género", toda vez que "invita" a que todas las familias y los centros educativos "reaccionen ante ese acto totalitario y unilateral de la consejera impidiendo que esta materia se imprata en los centros educativos", puesto que se trata de una acto "de despropósito y totalitario, que excede las competencias autonómicas".
