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La amenaza de multas no frena los grafitis en la vía pública

Desde el 17 de noviembre de 2008 un grafiti puede acarrear una multa de entre 750 y 3.000 euros. Así lo estableció el Ayuntamiento en la ordenanza antivandálica que tenía entre sus objetivos prioritarios fijar un marco legal y un sistema de actuación policial que permitiera reducir las pintadas callejeras. Pese a esto, en el primer año de aplicación de esta normativa, en 2009, los operarios de Lipasam tuvieron que retirar una veintena de pintadas al día de las fachadas de la ciudad. En total, 6.377.

el 11 ago 2010 / 19:52 h.

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Aunque la cifra representa casi un 30% menos que en el año anterior, una lectura completa de las estadísticas de Lipasam revela que la caída viene condicionada por otros factores: el número de actuaciones -1.135-, la cantidad de horas de trabajo -8.000- y el coste de este servicio -220.000 euros al año- fueron incluso superiores a las de 2008. Se intervino más, pero se consiguieron retirar menos pintadas al incrementarse el promedio de las actuaciones: de 45 minutos por fachada a una hora.

El PP alertó ayer de un aumento de las pintadas y grafitis en la ciudad, especialmente en las vías comerciales del centro histórico. Y aportó su propia explicación. Según los populares, que en su momento rechazaron la ordenanza aunque no por cómo regula las pintadas, las sanciones son inútiles porque la mayor parte de los multados se declaran insolventes y no abonan las multas -750 euros como norma general, 1.500 si se realizan en parques o infraestructuras públicas y 3.000 si se llevan a cabo en bienes protegidos-.
Los populares plantean un cambio en la normativa, según especificó ayer la concejal Amidea Navarro: que se aplique el modelo del Ayuntamiento de Madrid y los autores de las infracciones puedan ser sancionados con trabajos sociales que pueden conllevar, entre otras cuestiones, la reparación del elemento de la vía pública o del edificio deteriorado por las pintadas.

Pero al margen de los problemas para cobrar las multas, hay otro factor que justifica el reducido impacto de la ordenanza antivandálica. Cuando se aprobó este proyecto, que pasaba por ser uno de los más ambiciosos del Gobierno local, se anunció que vendría acompañado de la creación de una unidad especializada de la Policía local, encargada de controlar todos los elementos regulados en esta normativa. Esta prestación, incluida en la Relación de Puestos de Trabajo, aún no está en marcha, casi dos años después de la entrada en vigor de la normativa ante la ruptura de las negociaciones entre el Ayuntamiento y los sindicatos.

Ésta es la principal crítica de la Asociación de Comerciantes del Centro. "Hay cada vez más pintadas, sobre todo los fines de semana, principalmente porque no cogen a nadie. Si no se ven tanto es porque se nos obliga a una inversión para mantener las fachadas limpias y a una profunda organización. Las grandes superficies tienen sus servicios y los pequeños a veces también los pagan. Desde que se puso en marcha la ordenanza no nos han dado datos sobre denuncias", explicó Enrique Arias. El Ayuntamiento no aclaró ayer si se estaban cobrando las multas por pintadas.

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