Con cautela, como una inyección de optimismo para una zona muy castigada por el paro o como un jarro de agua fría para pacifistas y ecologistas. Así han recibido los distintos sectores afectados el anuncio de que la base naval de Rota se va a convertir en epicentro del programa de escudo antimisiles para contrarrestar amenazas balísticas de países como Irán o Corea del Norte . La noticia, desvelada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado miércoles en la cumbre de la OTAN, no dejó indiferente a nadie. Opinó la clase política, los trabajadores, los sindicatos y la localidad gaditana.
Las cifras que ofreció ayer en la provincia de Cádiz el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, son rotundas: se crearán alrededor de un millar de puestos de trabajo directos e indirectos; se producirá una inversión en infraestructuras en la zona por parte de EEUU por valor de "entre tres y seis millones de euros"; las empresas locales tendrán un reporte de más de ocho millones de euros anuales por reparación y mantenimiento de dichos buques; y se registrará un incremento de la población de unas 3.400 personas -entre militares y civiles-, que se estima que representarán una inyección económica superior a los 50 millones de euros cada año.
Chaves, que es el candidato socialista por Cádiz el 20-N, reveló que ha habido "una competencia muy fuerte entre la mayoría de los países del sur de Europa, del norte del Mediterráneo, por ubicar el sistema de defensa antimisil" que finalmente albergará Rota. El expresidente andaluz destacó que el acuerdo , que se desplegará a partir de 2013, tiene un objetivo "claramente disuasorio y defensivo", por lo que defendió que "no se suma riesgo, sino todo lo contrario". En plena crisis económica, el Gobierno pone el acento en el "evidente impacto económico" de la noticia.
Chaves defendió además que, tal y como establece el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ha habido durante el proceso "información fluida y constante al más alto nivel entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía". Precisamente el Gobierno andaluz consideró "positiva y responsable" la decisión de reforzar la base naval de Rota. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, dejó claro que la Junta ha estado informada "en todo momento" sobre los contactos realizados y destacó que esta decisión va a reportar "importantes beneficios, inversiones y empleo" tanto a la Bahía de Cádiz, como a Rota y a los propios Astilleros de San Fernando.
El presidente del PP-A, Javier Arenas, exigió la comparecencia en el Parlamento de José Antonio Griñán. Insistió en que es "muy raro" el "silencio" del Gobierno andaluz en este asunto, lo que, a su juicio, quizá pone de manifiesto "graves contradicciones internas". El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, remitió una carta a Griñán en la que demanda que convoque de manera urgente una reunión con las fuerzas políticas. "Zapatero revende Rota a EEUU sin consultar al presidente de la Junta", lamentó.
