Es habitual tras cada consulta electoral resaltar el escaso interés que éstas despiertan en buena parte del electorado. El porcentaje de quienes deciden no participar es muy elevado. El debate suele girar en torno a las posibles causas y sus indeseables consecuencias. Es menos común, en cambio, formularse propuestas concretas que permitan modificar esta tendencia. Parece evidente, en consecuencia, que en el fondo lo que debería estar en discusión es cómo podría favorecerse que la ciudadanía en general se muestre más dispuesta a implicarse en la práctica colectiva, en todo aquello que esté vinculado a lo común, a lo público. O bien, en cómo librarnos de los obstáculos que lo impiden. El espacio público ciertamente se ha ampliado, y debe seguir haciéndolo. Debe desbordar los límites de la actividad que ejerce directamente el Estado y ensanchar el campo de la acción social. De hecho, en alguna medida, esto ya sucede. Una parte de esta labor, por ejemplo, es la que tiene lugar bajo lo que se ha dado en llamar 'voluntariado'. Una realidad heterogénea, en cuanto a su contenido, materialización y a las personas que la realizan. Otra es la función cuidadora, circunscrita, en la mayoría de los casos, al ámbito familiar o privado. Actividades, todas ellas, que aunque prestan un importante servicio a la población siguen siendo muy poco reconocidas.
Son justamente estas tareas, junto a otras, las que amplían el espacio público. Pensemos, que el Estado moderno fue concebido para cumplir la función de servir de instrumento a las gentes para defenderse del poder despótico, encarnado por el clero y la nobleza. El problema es que el instrumento derivó en fin. Y que su asfixiante presencia suele frenar las iniciativas sociales. Esto no tiene nada que ver -es conveniente aclararlo- con la perorata pseudo-liberal, que confunde libertad individual con lo que denominan mercado. Esa enigmática entidad emancipada de toda voluntad humana. Los manuales de economía consagran un principio, escasamente discutido, que confirma lo anterior. Se afirma que en competencia perfecta -situación, por otra parte, inexistente en el mundo real, aunque muy autoritaria en su concepción- empresas y consumidores son precio-aceptantes. Y esto qué quiere decir. Pues que el precio de los bienes y servicios lo establece el supuesto mercado, al margen del deseo de los mortales. Las operaciones comerciales, de acuerdo con esto, rehúyen el contacto cuerpo a cuerpo, la negociación directa entre quienes procuran un bien o servicio y quienes lo suministran. La libertad, así vista, no parece salir muy bien parada.
Una sociedad civil poderosa no es sinónimo de menos Estado, sino más bien de una reordenación de los papeles que cada cual debe desempeñar. La apertura institucional, el fortalecimiento de las formas y sistemas de representación directa o delegada, así como un mayor protagonismo de sociedad civil podrían ensanchar los márgenes del espacio público y favorecer un civismo virtuoso basado en la responsabilidad, el respeto y la solidaridad.
Doctor en Economía. acore@us.es
