Del análisis del discurso ofrecido en Antares por el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, con motivo de la celebración del trigésimo aniversario de los ayuntamientos democráticos se desprenden dos lecturas: la primera, que la financiación de todo el tejido de administraciones locales en el que se asienta el sistema sigue sin resolverse; la segunda, que este "mal endémico" es tan grave que "puede afectar a la ciudadanía plena de los vecinos". El presidente de la Diputación no habla por hablar. La situación económica de los municipios es asfixiante. Apenas cuentan con recursos para la atención de los servicios que prestan a sus vecinos y el Estado les sigue obligando a jugar el papel de hermano menor al que no se le da el dinero que necesita porque no tiene edad para manejarlo con responsabilidad. Algunos considerarán repetitivo el discurso de Villalobos, pues insistió en los habituales lamentos de alcaldes y presidentes de diputaciones provinciales, siempre reivindicativos en su solicitud de más dinero para la administración de sus recursos. Pero es que a los dirigentes locales no les queda ya otra. Los grandes partidos de la democracia española nunca han terminado de cuadrar el círculo de la financiación más cercana. Las sucesivas leyes sobre las haciendas locales no han resuelto la precariedad económica en la que malviven. Y la situación se ha agravado por las continuas demandas vecinales, que en demasiadas ocasiones han sido atendidas por las corporaciones locales a pesar de que no contaban con competencias sobre ellas. Ahora, con el desplome de la actividad económica, y en particular del scetor de la construcción, casi todos los ayuntamientos han visto recortados aún más sus ingresos y caminan hacia la paralización, una circunstancia no tan lejana que está detrás de ese aviso lanzado por Villalobos al decir que sería "temerario" que no se arreglara este problema.
