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La asignatura de Educación para la Ciudadanía se generaliza este curso

Educación para la Ciudadanía se generaliza este curso en la Secundaria de todas las comunidades autónomas, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos relacionados con la objeción de conciencia y a la sombra del enfrentamiento entre el Gobierno y CCAA gobernadas por el PP.

el 15 sep 2009 / 11:21 h.

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Educación para la Ciudadanía se generaliza este curso en la Secundaria de todas las comunidades autónomas, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos relacionados con la objeción de conciencia y a la sombra del enfrentamiento entre el Gobierno y CCAA gobernadas por el PP.

Por vez primera, los centros de ESO y Bachillerato de Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja impartirán la asignatura, que ya comenzaron hace un año en las otras regiones.

Durante este tiempo, la controversia entre el Gobierno y autonomías gestionadas por el PP, como Madrid y la Comunidad Valenciana, ha crecido a propósito de las regulaciones autonómicas de la asignatura y la intención de admitir las objeciones hasta que se pronuncie el Supremo, aunque no será así en Castilla y León.

El movimiento objetor ha conseguido que algunos Tribunales Superiores de Justicia, como los de Andalucía y La Rioja, respalden la inasistencia a clase de alumnos cuyos padres consideran que ciertos contenidos vulneran el derecho a educarlos según sus convicciones morales, aunque también se han dado sentencias de signo contrario en otras comunidades. Los fallos han sido recurridos por la administración educativa y el Ministerio de Educación o por los objetores, según los casos, ante el Supremo.

La Consejería de Madrid ha reiterado que los objetores no tendrán que asistir a clase, ni se les podrá calificar con un suspenso a la vista de las sentencias que les son favorables. Esta misma semana, la consejera madrileña Lucía Figar precisó que estos niños harán trabajos relacionados, por ejemplo, con la Constitución o los derechos fundamentales o tareas concretas de voluntariado dentro del centro educativo. La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, replicó que no asistir a estas clases "tiene los mismos efectos" que no cursar Matemáticas.

En julio pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) suspendió cautelarmente, a petición de CCOO y del Ministerio de Educación, la orden de la Generalitat que permite presentar un trabajo a los alumnos que objeten. La otra opción consiste en asistir a las clases ordinarias, en las que un profesor desarrolla la materia. El TSJV admite que la asignatura se imparta en inglés, pero manifiesta que, en este caso, no es posible que se puedan evaluar los conocimientos sobre esta lengua.

El Gobierno de La Rioja, también del PP, anunció ese mismo mes que admitirá las objeciones de conciencia y eximirá a los alumnos de ir a clase y ser evaluados, sin perjuicio de un pronunciamiento judicial posterior. Por el contrario, otra comunidad gobernada por el PP, Castilla y León, no ampara la objeción porque impediría que los alumnos se graduasen en ESO. Las autoridades murcianas también discrepan y piden que sea optativa.

Alrededor de 1,2 millones de estudiantes la estudiarán desde mediados de mes: cerca de 900.000 de ESO y 300.000 de Bachillerato. Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra, que la implantaron en 2007-2008, la imparten en tercero de ESO, y se enseñará en segundo curso en las autonomías donde comienza este año (también en Ceuta y Melilla), en ambos casos con el nombre Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Desde este curso también se estudia en cuarto de ESO y a partir de 2009-2010 se estudiará también en quinto o sexto de Primaria.

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