Llegada esta época del año se oyen por todas partes los lamentos de las familias ante la suerte que vayan a correr sus hijos para ser escolarizados el próximo curso. Es la gran asignatura pendiente de los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía, agravada en la última legislatura por la errática política de Cándida Martínez, separada del cargo antes del final del mandato con el pretexto de su opción al Congreso de los Diputados, para el que ha obtenido acta por Granada. Han sido cuatro años en los que el sistema educativo andaluz ha estado a la deriva. Incluso sin necesidad de acudir a fuentes de tanta solvencia como el Informe Pisa, el propio Ministerio de Educación denuncia que Andalucía está por debajo de la media nacional en cuanto a la tasa de alumnos que hacen un curso que no les corresponde por ir demasiado atrasados. El abandono temprano de la escuela también es de récord: tenemos una tasa del 36,8 por 100 frente al 29,8 de la media española. Pero lo más preocupante es que el conjunto de los indicadores ha empeorado desde el curso 1995-96. No debe sorprendernos por tanto el lugar, el 170, que el Pisa nos asigna de un total de diecisiete autonomías.
Pronto conoceremos la composición del nuevo Gobierno andaluz. Nadie puede dudar de que el presidente Chaves escogerá lo mejor de cada casa en una compleja decisión que tiene que armonizar territorio y paridad, aunque es de esperar que a estos factores de carácter político se anteponga el de la probada competencia de los inminentes consejeros. En el departamento de Educación es de todo punto exigible que el llamado para ese cargo sume dotes de gestor profesional y experimentado al perfil político que legítimamente se le quiera requerir. Pero entendemos -lo entienden muchos ciudadanos- que la solución de los problemas que tiene planteado el sistema educativo andaluz no admite esperas a la vista de la degradación que viene sufriendo en la última década.
Ni la juventud andaluza es más perezosa ni tiene menor coeficiente intelectual que la de sus congéneres de otras regiones. Falla el sistema, las inversiones presupuestarias, el respaldo moral a los profesores y los programas de formación continua para que no pierdan el tren de las técnicas pedagógicas y de las nuevas disciplinas. Y quiebra, sobre todo, el derecho de los padres a escolarizar a sus hijos en aquellos centros públicos o concertados que más confianza les inspiren, cosa hoy de todo punto imposible ni aun viviendo la familia en el portal de al lado del colegio elegido.
La confianza que los andaluces han revalidado una vez más en el PSOE no puede interpretarse como un cheque en blanco. Los votos y los diputados que ha perdido respecto de 2004 tendrán muy diversas lecturas, pero una de ellas es, a no dudarlo, el fracaso que en materia educativa le ha concedido a Andalucía el dudoso honor de portar el farolillo rojo. Ningún legado mejor para el futuro que un nuevo Gobierno que tome como auténtica prioridad la Educación.
Periodista
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