Local

La Audiencia aboga por demoler todas las casas ilegales a pesar del decreto andaluz de legalización

el 18 feb 2013 / 17:16 h.

TAGS:

La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado una sentencia en la  que concluye que todas las viviendas ilegales construidas en suelo no  urbanizable de la provincia deben ser demolidas pese a que el  Ayuntamiento haya puesto en marcha un intento de reclasificación del  suelo en base al decreto aprobado en 2012 por la Junta que regula la  situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable,  ya que éste "no legaliza las edificaciones surgidas contra el  ordenamiento urbanístico"

Así se pronuncia la Sección Primera de la Audiencia Provincial en  una sentencia, consultada por Europa Press, que estima el recurso  interpuesto por la Fiscalía contra un fallo del Juzgado de lo Penal  número 5 que absolvía a una pareja que, sin pedir licencia al  Ayuntamiento, construyó una vivienda no autorizable de 60 metros  cuadrados con porche, piscina y fosa séptica en terreno no  urbanizable de la urbanización 'Las Minas' de Castilblanco de los  Arroyos.  

La juez de lo Penal absolvió a esta pareja, formada por P.J.S. y  A.M.C., al entender que no se trataba de una construcción no  autorizable, pues "se están dando los primeros pasos dirigidos a  convalidar legalmente la situación de hecho que ha ido creciendo al  margen de la legalidad", entendiendo además que la construcción  llevada a cabo estaría dentro del grupo definido en el decreto de la  Junta como edificaciones en situación de asimilado al régimen fuera  de ordenación.  

Es decir, dentro del grupo de las viviendas construidas sin  licencia urbanística, o contraviniendo sus condiciones, respecto de  las cuales cabe el procedimiento de regularización.

La Audiencia indica, frente a ello, que "no se puede aceptar que  desaparezca la punibilidad por la posibilidad de que una modificación  del planeamiento modifique la calificación del suelo", pues cuando el  legislador introduce en el artículo del Código Penal que regula los  delitos contra la ordenación del territorio que la edificación ilegal  ha de ser no autorizable, "no se está refiriendo a la eventualidad de  que, en un futuro, más o menos incierto, pudiera modificarse la  legalidad urbanística".

"ABSURDO"

"Esta interpretación conduciría al absurdo, puesto que en el  terreno de la hipótesis de trabajo toda calificación es susceptible  de modificación por decisión del legislador o de la administración  competente en materia urbanística, por lo que este elemento del tipo  ha de referirse necesariamente a la ilegalidad de la edificación en  el momento que se realiza", apostilla.  

Al hilo de ello, la Audiencia recuerda que el Ayuntamiento "no  tiene competencia para la aprobación definitiva de cualquier  modificación de planeamiento", sino que esta competencia le  corresponde a la Junta, "sin que exista una aprobación definitiva por  la Junta tras la entrada en vigor del decreto".

Así, y en aplicación de este criterio, "debe excluirse como  justificación para la absolución de los acusados la expectativa de  posible recalificación del terreno", añadiendo que la tipicidad del  delito cometido "no puede ser cuestionada por una mera expectativa de  aplicabilidad, en estos momentos incierta, de una norma reglamentaria  autonómica, y menos aún por una mera declaración de intenciones del  Ayuntamiento, máxime cuando ha venido tolerando con su pasividad la  construcción delictiva".

EL DECRETO

La Audiencia señala que el decreto de la Junta "no legaliza las  edificaciones surgidas contra el ordenamiento urbanístico, sino que  no es más que la expresión legislativa del deseo de facilitar un  instrumento jurídico a las administraciones con competencia para  ordenar situaciones irregulares cuando pueda serlo, y en el caso que  nos ocupa no consta que pueda serlo en estos momentos, o que pudiera  serlo en un inmediato futuro".

Asimismo, asevera que el hecho de que otros vecinos hayan  levantado en la zona construcciones supuestamente ilegales no  "ampara" la edificada por los acusados, por lo que "en modo alguno  pueden escudarse esos hechos en las actuaciones vecinales de otros  parcelistas". Además, "el hecho de que la actuación de los acusados  incida en un entorno ya de por sí bastante degradado, no por ello ha  de quedar impune".

Los imputados alegaron las reuniones entre el alcalde y los  vecinos para informar sobre los trámites realizados para la  aprobación inicial del PGOU y que la entrada en vigor del decreto de  la Junta permitiría en el futuro la regularización de determinadas  edificaciones ilegales, pero la Audiencia señala que no consta que  "pese a la entrada en vigor del decreto" se haya llevado a cabo "un  proceso de regularización concreto con expectativas razonables, de  ser definitivamente aprobado", en relación a la construcción de los  acusados.  

"La perspectiva de modificación del planeamiento ha de ser real, y  no una mera declaración de intenciones, y ha de ser igualmente  posible de conformidad con la legalidad urbanística, sin que conste  ni sea previsible en un plazo razonablemente próximo una aprobación  definitiva del plan municipal que clasifique el suelo donde los  acusados han llevado a cabo la construcción como urbano o  urbanizable", concluye la Audiencia, que condena a la pareja a seis  meses de cárcel y la demolición de lo construido a su costa.


  • 1