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La Audiencia anula el auto de Alaya que señalaba a Chaves y Griñán

Atiende a la Fiscalía y, como ya hizo con Magdalena Álvarez, acusa a la jueza de generar “indefensión”

el 13 dic 2013 / 13:41 h.

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Laura Blanco / Isabel Morillo Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán La Audiencia Provincial de Sevilla ha revocado el auto en el que la jueza Mercedes Alaya apuntaba a la posible imputación de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a cinco exconsejeros, por el llamado caso de los ERE, una presunta trama fraudulenta tejida durante diez años con fondos de Empleo que acumula ya un centenar de imputados, más de dos años de instrucción y una supuesta malversación acreditada –hasta el momento– de más de 140 millones de euros. La Audiencia estima el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra dicho auto en el que la jueza Mercedes Alaya en el que por primera vez y de forma muy polémica, la jueza apuntaba directamente a la cúspide de la pirámide política que ella misma declaró que perseguía en su instrucción. Aquel escrito, pese a su limitado efecto procesal y a no tener consecuencias más allá de que señalaba por vez primera a los expresidentes –ambos aforados–, cayó como una bomba en el Gobierno andaluz al hacerse público justo cuando estaba tomando posesión el nuevo Ejecutivo liderado por Susana Díaz. La Audiencia Provincial deja “sin efecto” el auto en el que Alaya comunicaba “en calidad de imputados” que la extensa instrucción del caso ERE revela “cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación entre otros” por parte de Chaves, Griñán, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Manuel Recio, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el exconsejero de Economía Antonio Ávila. A la mayoría, la jueza no puede imputarlos por su condición de diputados en el Congreso, el Parlamento andaluz o el Senado. Ese aforamiento obligaría a remitir el caso al Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Alaya redactó un escrito, fechado el 22 de noviembre, en el que requería al Congreso y al Parlamento andaluz que acreditara ese aforamiento. En su auto, Alaya señalaba que aún no había llegado el momento de enviar el caso a un tribunal superior para poder imputar a aforados pero avisaba a éstos siete excargos públicos de que les seguía la pista y les instaba a declarar voluntariamente ante el juzgado.No imputaba directamente a los expresidentes pero prácticamente los invitaba a acudir a su juzgado. El caso de los ERE investiga durante una década el reparto de ayudas de la Consejería de Empleo para empresas en crisis. Estas ayudas, según la instrucción judicial, se habrían repartido al margen de la ley de subvenciones y utilizando un camino paralelo (transferencias de financiación) que permitía eludir los controles. Alaya subrayaba en su auto que se provocaron “millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década”. Recordaba además la magistrada que al fraude de las pólizas, donde supuestamente se incluyeron intrusos ajenos a las empresas en liquidación y que eran afines al PSOE o familiares y amigos de los altos cargos imputados, se suma el pago de sobrecomisiones a las aseguradoras y “las modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde abril del año 2000 ese uso ilícito de fondos públicos”. La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto y pidió su nulidad. Consideró que no estaba suficientemente documentado y exigía a Alaya que aclara qué se les imputaba a los expresidentes, de qué se les acusaba y bajo qué pruebas. En caso contrario, alegaba, generaba “indefensión”. La Audiencia ha estimado este recurso y deja sin efecto el auto por considerar que su falta de concreción sobre las conductas presuntamente imputables a cada una de las personas citadas vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y de defensa. Insta a la jueza a que dicte una nueva resolución ya que “a la comunicación de imputación a los aforados se ha de exigir los mismos mimbres” que a cualquier imputación, aunque sea una “imputación previa o preimputación”. La Audiencia recuerda que ya al resolver sobre el recurso de la exconsejera Magdalena Álvarez, que quedó también anulado, alertó de la necesitad de explicitar los posibles hechos delictivos. Ahora insiste en que “no se explica en el auto recurrido ni siquiera someramente qué hechos concretos haya podido cometer cada uno de los aforados que pudieran ser constitutivos de delito”. “Nuevamente hemos de decir que el auto apelado está basado en una construcción sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación de sucesivos gobiernos autonómicos a lo largo de al menos una década, lo que refuerza, insistimos, las exigencias de una máxima precisión en la descripción de los supuestos hechos punibles y dada la excepcionalidad del caso, una mínima siquiera exposición, como en otros autos similares ha hecho, de los indicios derivados de lo instruido que, en su caso, la llevarían a colegir que el sistema legal [de concesión de ayudas] fue ideado exproceso para delinquir.

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