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La Audiencia apunta a altos cargos tras el caso Merca

Un técnico niega que se amañara el concurso en favor de Sando.

el 22 feb 2010 / 20:33 h.

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La Audiencia Provincial cree que tras la supuesta venta irregular de los suelos de Mercasevilla pueden estar "altos escalones de la administración municipal". Así lo afirma la Sección Primera en el auto en el que desestima el archivo de la causa para María Victoria Bustamante, una de las técnicos que elaboró el pliego de condiciones, y también para Domingo Enrique Castaño, ex asesor socialista.

Según el presidente de la Sección Primera de la Audiencia, Joaquín Sánchez Ugena, es de "dudosa consistencia" que Bustamante se limitara a cumplir órdenes de sus superiores, ya que ella "no es una mera empleada subordinada sin preparación técnica", tal y como "se desprende de la importantes responsabilidades dentro de los servicios municipales".

Sin embargo, el magistrado no obvia que "en su momento colaboró con la Policía y el juzgado" y "la posibilidad de que en definitiva, y a la postre, las posibles responsabilidades penales puedan limitarse a más altos escalones de la administración municipal".

El auto rechaza el recurso de Bustamante porque, "sin la menor intención de prejuzgar, hay que mantener la existencia de indicios racionales" de delito. Además, niega que la imputación cause "indefensión", sino que incluso "le concede una serie de derechos que el testigo o el perito no tienen", como la asistencia letrada y el derecho a no declarar.

Bustamante es una de las técnicos que elaboró el pliego de condiciones junto con el economista José Antonio Ripollés, que ayer volvió a declarar como imputado en el Juzgado de Instrucción número 6. Ripollés, que estuvo casi dos horas contestando a las preguntas de la juez y de las partes, volvió a negar que el concurso estuviera amañado en favor de Sando.

"En ningún momento realizó la valoración de las ofertas con la intención de beneficiar a Sanma [filial de Sando] ni nadie le instó a que valorara de dicha forma la opción de compra", recoge el acta de su declaración. El economista también negó "haber recibido ninguna oferta o beneficio económico por parte de Sanma o Sando en relación al concurso" y que "nunca escuchó en la mesa de contratación que el concurso iba a ser para Sando".

En cuanto a la valoración de las ofertas, el economista aclaró que uno de los motivos por los que le dio mayor puntuación a la oferta de Sando fue porque estaba constituida por 1,6 millones de euros al contado y luego otros 3,4 millones de euros, que no consideró como un pago aplazado, lo que hubiera supuesto una puntuación inferior.

Ripollés explicó que Sando especificaba que esta cuantía se ponía a disposición de Mercasevilla en el momento que fuera requerido para ello, a diferencia de otras ofertas" en las que se indicaban los plazos para entregar cantidades aplazadas. Ripollés también destacó que Mercasevilla tendría que haber reclamado los 3,4 millones "al día siguiente de firmarse el contrato de opción de compra y no meses después".

Ayer también declaró el presidente de Sando, José Luis Sánchez, quien dijo que tras su jubilación tenía sus funciones delegadas en su hijo, que, como él, también está imputado en la causa, desconociendo los detalles de la operación. Sánchez, de 77 años, sí recriminó a la juez el "muchísimo daño" que el caso le está creando a su empresa, a su familia, a sus trabajadores y a sus más de 3.000 colaboradores.

"Este daño que están haciendo es como matar una mosca a cañonazos si lo que se está investigando aquí fuera verdad, y el daño es terrible", dijo al finalizar su breve declaración.

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