La Audiencia Nacional avaló ayer el traslado de los papeles de Salamanca a Cataluña, sin embargo, en otra sentencia advierte de que la ley discrimina a los españoles no catalanes cuyos documentos también fueron incautados por el franquismo.
La primera sentencia de la Audiencia Nacional da el visto bueno al traslado a Cataluña de unas 507 cajas con documentos del archivo de Salamanca incautados a la Generalitat y a particulares durante la Guerra Civil, al confirmar la legitimidad de la orden del Ministerio de Cultura por la que el 18 de enero de 2006 se autorizó esta entrega. Así lo acordó la sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia en la que desestima el recurso del Ayuntamiento de Salamanca reclamando la nulidad de esa orden ministerial, que autoriza a la Subdirección General de los Archivos Estatales el traslado a Cataluña de documentos del Archivo General de la Guerra Civil Española, al entender que prescindió "total y absolutamente" del procedimiento legalmente establecido.
El recurso del Consistorio cuestionaba también la constitucionalidad de la Ley 21/2005, en la que se apoya la citada orden ministerial y que tiene por objeto la restitución de documentos del Archivo de Salamanca incautados en la Guerra Civil, por lo que invitaba al tribunal a impugnarla ante el Constitucional. El tribunal, que también ha rechazado un recurso de Izquierda Republicana por no haber recibido respuesta del Ministerio de Cultura sobre la restitución de documentos a ese partido, responde al Ayuntamiento salmantino que la citada ley no infringe ningún artículo de la Constitución "ni ninguno de los principios que la inspiran".
Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca anunció ayer mismo que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional sobre el traslado de los papeles de Salamanca. Mientras que La Junta de Castilla y León consideró que es "un error romper la unidad" del Archivo General de la Guerra Civil con nuevos traslados de documentos.
Mientras, en otra sentencia la Audiencia Nacional advirtió ayer de que la ley discrimina a los españoles no catalanes cuyos documentos fueron incautados por el franquismo, ya que para ellos no existe una norma como la 21/2005 -aprobada para devolver a la Generalitat los llamados papeles de Salamanca- que regule su restitución. La advertencia la hace en una sentencia en la que declara el derecho de los herederos de Ángel Ossorio y Gallardo -que fue ministro de Fomento durante el reinado de Alfonso XIII- a que el Ministerio de Cultura les diga si la documentación incautada a su familiar se halla en el Archivo General de la Guerra Civil, pero rechaza su devolución porque no hay "sustento legal" para ello.
Una reforma. "Sería deseable que el legislador, al igual que ha hecho con los documentos de personas naturales incautados en Cataluña a causa de la Guerra Civil de 1936 a 1939, y en aras a preservar ese derecho (...) a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución, regulara la restitución de los documentos que se incautaron a las personas naturales en el resto de España y en circunstancias similares", señala la sentencia.
