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La Audiencia celebra una vista este miércoles para debatir la petición de libertad del exchófer de Guerrero

el 05 jun 2012 / 11:57 h.

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La Audiencia Provincial de Sevilla celebrará este miércoles una  vista para debatir y analizar la petición de libertad de Juan  Francisco Trujillo, exchófer del que fuera director general de  Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero y  que se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza  desde el pasado día 21 de marzo tras declarar, entre otras cosas, que  gastó 25.000 euros mensuales procedentes de ayudas públicas en  cocaína.  

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de  que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial celebrará este  miércoles, a partir de las 10,00 horas, una vista para debatir sobre  la petición de libertad del exchófer de Guerrero, imputado dentro de  la investigación que lidera la juez de Instrucción número 6 de  Sevilla, Mercedes Alaya, en torno a las irregularidades en los  expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta.  

El abogado del imputado, Antonio Aguilar, ha remitido un escrito  de queja al presidente del TSJA, al que ha tenido acceso Europa  Press, en el que critica que la vista "se va a celebrar más de dos  meses después de mi recurso, retraso que es ilegal y excesivo para  los intereses de mi cliente", a lo que se suma que "la causa penal es  muy compleja, estando en trámite muchos otros recursos de apelación  que deben resolverse en plazo". "Esta situación es perjudicial para  mi cliente", concluye.

El imputado, al que la magistrada impuso una fianza de 2,3  millones, comenzó su declaración imputado por 11 delitos  --prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales  públicos y cohecho, tres delitos de obtención indebida de ayudas  públicas, otros tres de falsedad en documento oficial, y un último de  falsedad en documento mercantil-- y terminó imputado por 22, ya que  la juez cree que existen "indicios" de que pudiera haber incurrido en  otros cinco delitos de cohecho, cinco de falsedad en documento  mercantil y uno de alzamiento de bienes.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de libertad  al entender que existe riesgo de fuga, a lo que se suma que,  actualmente, se están investigando los datos contables de las  empresas vinculadas al imputado.  

Así, Anticorrupción considera que "no se han modificado" las  circunstancias que llevaron al ingreso en prisión de Juan Francisco  Trujillo, pues al riesgo de fuga se suma la gravedad de los delitos  que se le imputan, ya que por el delito de malversación podría ser  condenado en su caso a una pena de hasta 12 años de cárcel, a lo que  se suma, tal y como argumentó en su día, su "plena cooperación en una  labor continuada de saqueo de fondos públicos".  

Durante la celebración de la comparecencia de medidas cautelares,  la Fiscalía consideró adecuado que la investigación se extendiera al  descubrimiento del destino del dinero público, así como de la  existencia de otras empresas y/o patrimonios controlados de manera  directa o indirecta por el imputado, tras todo lo cual la magistrada,  por medio de un auto, solicitó a la Agencia Tributaria que examinara  los datos relativos a ingresos y pagos de cinco sociedades vinculadas  al exchófer de Guerrero, también en prisión.  

EL RECURSO DE TRUJILLO

El abogado de Trujillo presentó un recurso de apelación  solicitando la puesta en libertad de su cliente al entender que no  existe riesgo de fuga y que los delitos que se le imputan han  prescrito. En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, dice  que la justificación de riesgo de fuga "queda vacía de contenido", ya  que carece de ingresos económicos, "lo que impide que pueda lograrse  la supuesta huida"; tiene arraigo social, ya que su mujer trabaja en  el Ayuntamiento de Andújar (Jaén), y es él quien se ocupa de cuidar a  sus dos hijos menores mientras su pareja desarrolla su jornada  laboral".  

Igualmente, hace referencia al hecho de que, en el presente caso,  "no puede ignorarse la prescripción de la mayoría" de los delitos  imputados, "si no todos", punto en el que alude además a que la pena  que podría corresponderle a su patrocinado por alguno de estos  delitos, como el cohecho, el tráfico de influencias o la  prevaricación, "no excede de dos años".  

Al hilo de ello, precisa que el delito de obtención de  subvenciones "falseando las condiciones requeridas para ello" que le  imputa la juez Mercedes Alaya "notoriamente ha prescrito", mientras  que su cliente, en su declaración judicial, "contestó todo lo que se  le preguntó, a excepción de las acusaciones particulares, que solo  pretendían un proceso eminentemente político, y cuándo se le  preguntó".  

Además, señala que la resolución impugnada "afirma que, desde la  declaración prestada y conforme la misma se iba desarrollando",  Trujillo "ha podido contemplar la magnitud de la presunta actividad  delictiva por él desarrollada y que fundamenta el riesgo de fuga",  todo ello "a pesar de reconocerse su arraigo familiar y el haber  comparecido en ocasiones anteriores de forma voluntaria y sin  solicitar asistencia letrada".  

TRUJILLO "HA SIDO CONSCIENTE DEL ALCANCE DE SU DECLARACION"

"No se puede compartir la anterior afirmación, habida cuenta de  que en todo momento y desde 2011, cuando se realizan diversas  declaraciones policiales y judiciales, Trujillo ha sido consciente  del alcance de su declaración, pues es a través de las mismas cuando  se desarrolla el interrogatorio que precede a la medida y que  consiste en matizaciones y ampliación de detalles respecto de los  hechos delictivos confesados con anterioridad", apostilla.  

El abogado también niega que el exchófer de Guerrero pueda influir  en la destrucción de facturas supuestamente falsas "a fin de ocultar  nuevas pruebas que incrementen su larga actividad delictiva",  señalando que su cliente "ha dado respuesta sobre la elaboración" de  las mismas "y ha expresado de forma concisa quien las ha emitido y  quien las ha abonado".  

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