La Audiencia confirma la condena de inhabilitación a la alcaldesa de Aguadulce

Isabel Ortiz fue condenada a ocho años de inhabilitación en 2011 por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística.

el 19 sep 2013 / 12:27 h.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha  rechazado el recurso de apelación interpuesto por la alcaldesa de  Aguadulce, Isabel Ortiz (PSOE), contra la sentencia del Juzgado de lo  Penal número 4 de Sevilla, que la condenaba a ocho años de  inhabilitación y a una multa de 4.050 euros impuesta en 2011 por un  delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de  prevaricación funcionarial urbanística. Según el documento al que tuvo acceso Europa Press, la Audiencia  Provincial desestima el citado recurso de apelación y confirma  "íntegramente" la sentencia impugnada, por lo que insta a que sea  notificada la resolución a las partes personadas y advierte que  contra ésta "no cabe "recurso alguno". "Se confirma la sentencia condenatoria, que impuso ya a la  apelante la pena pecuniaria, por definición menos grave que la  privativa de libertad que como alternativa contemplaba a redacción  del precepto aplicable 'ratione temporis', pues en la hoy vigente  ambas penas habrían de interponerse conjuntamente, además de la  inhabilitación especial", recalca. Asimismo, aunque no duda de que el proyecto de actuación llegó a  elaborarse por el interesado y a ser presentado, indica que uno de  los argumentos principales que aduce el recurso para excluir  prevaricación es que se indica que la alcaldesa "obró en la  convicción de que la obra solicitada por el acusado podía ampararse  en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1084/2005, de  16 de septiembre, de Ordenación de la Avicultura de Carne", una norma  de la que llega a afirmarse, según señala, que sus disposiciones  "modificarían las del planeamiento urbanístico de la localidad".   "Difícilmente pueden acumularse más inexactitudes de hecho y  despropósitos jurídicos en una alegación en principio tan sencilla",  insiste, a la vez que duda del conocimiento de la primera edil de  Aguadulce del citado decreto. Según el escrito, "la aprobación del proyecto no es un mero  requisito formal cuyo cumplimiento pueda ser subsanado a posteriori  por el interesado". "La alcaldesa acusada era perfectamente  consciente de esa regulación, pues admite haber leído antes de  otorgar la licencia los informes técnicos, que indicaban claramente  la que hubiera sido la forma correcta de actuar", concluye, dejando  claro que ésta conocía además que el otorgamiento de esta licencia  era una actuación "claramente contraria a la legalidad urbanística". SENTENCIA EN 2011 El Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla condenaba en 2011 a  Isabel Ortiz a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo  público, además del pago de una multa de 4.050 euros, por un delito  contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación  funcionarial urbanística sobre unos hechos de 2006. El juez ponía entonces de manifiesto que, en el presente caso, "el  incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible",  pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó la licencia "de modo flagrante  y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función  pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y  pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que  está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico" español. "Es patente que la concesión de la licencia está fuera de la  dinámica legal y reglamentaria, y que se hace a persona vinculada de  forma especial con la acusada, pues es un hecho cierto y reconocido  que el beneficiario era el que poco después fue compañero de  candidatura y concejal de la Corporación", prosigue la sentencia, que  añade que la alcaldesa era conocedora "de estar actuando en total  discordancia con la norma cuyo cumplimiento era ella la primera  obligada a cumplir y hacer cumplir". Las diligencias contra la alcaldesa se incoaron después de la  querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y  Patrimonio Histórico, que en el acto del juicio oral solicitó para la  acusada nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un  delito contra la ordenación del territorio, mientras que la acusación  popular pidió un año de cárcel y diez años de inhabilitación. De su  lado, la abogada de la procesada solicitó la libre absolución Asimismo, en enero 2012, Ortiz rubricó una resolución de Alcaldía  gracias a la cual las competencias del área de Urbanismo quedaron  delegadas en el primer teniente de alcalde, Juan Jesús García.    

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