La Audiencia Provincial de Sevilla ratificó ayer todas las medidas cautelares adoptadas por la juez Mercedes Alaya, que el pasado 16 de julio decidió imponer una fianza de 25 millones de euros a Manuel Ruiz de Lopera y le privó de los derechos políticos de sus acciones del Real Betis, que luego le fueron embargadas por no hacer frente a la fianza.
El fallo de la Audiencia, contra el que no cabe recurso alguno, ratifica punto por punto la validez del informe pericial y todas las resoluciones adoptadas por la juez Alaya y es un duro revés para la defensa de Lopera y las tesis de la Fiscalía, que también recurrió el auto de medidas cautelares, en el que, asimismo, se pedía al Consejo Superior de Deportes que no autorizase la venta del paquete de acciones de Farusa a Bitton Sport, venta que el auto da por no existente, por lo que no permite que representantes de Bitton se personen en la causa.
Esta resolución de la Audiencia, de hecho, acaba con la posibilidad de que Luis Oliver regrese al consejo de administración del Betis a corto o medio plazo, pues entiende que nunca hubo venta real de Farusa a Bitton Sport, por lo que al empresario navarro sólo le queda demandar a Lopera por supuesta estafa, ya que le trató de vender unas acciones de las que no podía disponer, aunque el primer pago por las mismas lo hizo Oliver con un talón sin fondos, por lo que ya veremos quién denuncia a quién.
Palos a la defensa y el fiscal. El auto de la Audiencia es especialmente duro con los abogados de Lopera –José María Calero y el ex Fiscal jefe Alfredo Flores, del despacho Montero Aramburu–, a los que en más de una ocasión califica de “temerarios” por su “actuación abusiva en la interposición de recursos” y por incurrir en “reiteraciones innecesarias” que han obligado al tribunal a “examinar con duplicidad redundante alegaciones ya formuladas”. Tampoco escapa bien la Fiscalía, que compartió las tesis de la defensa de Lopera en muchos puntos, todos desmontados por la Audiencia, como el de pedir caución (fianza) a las partes perjudicadas y acusadoras. “A diferencia del proceso civil, en el proceso penal no se exige la constitución de fianza, cuya exigencia podría provocar situaciones de desprotección a la víctima”, señala el auto
La Audiencia también rebate la tesis de la Fiscalía, que ponía en duda el primer informe de los peritos y aseguraba en uno de sus múltiples recursos que “en estos momentos no puede afirmarse con un mínimo de rigor que haya resultado finalmente perjudicado el Real Betis Balompié”. Y le recuerda la Audiencia cómo fue el club verdiblanco el que finalmente pagó la multa por responsabilidad civil (3 millones de euros) que se le impuso a Lopera por defraudar a Hacienda, con la que evitó ir a la cárcel.
OK a los informes periciales. En opinión de la Audiencia, “el informe pericial, aunque parcial en cuanto a su extensión, evidencia que durante ese periodo (1993 a 1999) se han realizado las operaciones que describen los peritos, que han ocasionado al Real Betis Balompie un perjuicio económico de más de 10 millones de euros”. Y añade que la afirmación de la jueza Alaya de que “existen fundados indicios de que el nuevo informe pericial que se espera revele continuados apoderamientos en esta segunda etapa”, para nada es una presunción contraria al derecho fundamental a la presunción de inocencia del imputado. “La instructora describe una serie de indicios en los que apoyar la afirmación de que los delitos se han cometido también durante la etapa de Encadesa (folios 12.298 y siguientes)”.
La temeridad de los abogados. La Audiencia puntualiza también que la supuesta venta de acciones de Farusa a Bitton Sport no ha existido, por lo que “Farusa continúa siendo la titular de las acciones, de manera que Bitton Sport no es ni puede ser parte en esta causa”. Y califica de ‘alegaciones temerarias’ las que realiza la defensa de Lopera al colegir que “dos resoluciones de esta Audiencia despejan toda duda sobre la titularidad de las acciones de Farusa y la legalidad de su venta”. “Que en esos hechos no se apreciara una mínima apariencia de tipicidad penal que justificara la investigacion de los mismos, en modo alguno permite extraer la conclusión que realiza el apelante que ‘despejan toda duda sobre la titularidad de las acciones de Farusa’, y nada tiene que ver con que la venta de las acciones pueda ser considerada como un intento de eludir las responsabilidades civiles”, dice la Audiencia, que para nada tiene claro que Lopera adquiriera de forma lícita sus acciones en 1992.
La Audiencia considera ajustadas a derecho las medidas cautelares adoptadas contra Lopera, pues ve que hay indicios de “una administración desleal y abuso de poder”, por lo que la fianza de 25 millones de euros “no es desproporcionada”, y asimismo asegura, a tenor de los informes aportados a la causa, que “Luis Oliver y Ángel Vergara carecen de recursos propios” para hacer frente a la supuesta compra de las acciones, por lo que asume la “publica y notoria sospecha de que se puede tratar de una venta simulada y que la alargada figura de Lopera esta detrás del comprador”. Un mal día para Lopera este 21 de enero, sin lugar a dudas.
