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La Audiencia cree que Alaya puede haber conculcado "el derecho de defensa" de varios imputados

Se refiere a 13 personas entre exaltos cargos y trabajadores de la Junta y, en concreto, de IFA/IDEA. Ordena a la jueza que requiera de forma 'inmediata' a la Guardia Civil sus declaraciones.

el 27 jun 2014 / 17:32 h.

La Juez Mercedes Alaya. / EFE La Juez Mercedes Alaya. / EFE En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección  Séptima de la Audiencia Provincial critica que "no traer al proceso  esas declaraciones policiales, cuya incorporación ya estaba acordada  en resolución judicial no dejada sin efecto, no sólo incumple el  principio de la publicidad de la instrucción para las partes, al no  estar declaradas secretas las diligencias, sino que también puede  conculcar el derecho de defensa de los imputados". Por ello, estima el recurso interpuesto por los exdirectores  generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente  Lozano y por los exdirectores generales de Finanzas del IFA Pablo  Millán y Juan Vela y ordena a la juez requerir a la Unidad Central  Operativa (UCO) de la Guardia Civil la entrega de estas 13  declaraciones, las cuales "se incorporarán, si aún no lo han sido, de  inmediato a las presentes diligencias previas". En concreto, se trata de las declaraciones prestadas ante la  Guardia Civil por los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco  Mencía y Miguel Angel Serrano; por el expresidente del IFA Salvador  Durban; por Plácido Domingo Estévez, exjefe de la asesoría jurídica y  exsecretario general del IFA; por los exsecretarios generales de  IFA/IDEA Francisco José Oyonarte, Miguel Lucena y Antonio Lara; el  exdirector de las empresas participadas del IFA Juan Carlos Ollero, o  por los propios Pablo Millán y Juan Vela. "CONTRADICCION" DE ALAYA En el auto, consultado por Europa Press, el tribunal expresa su  "extrañeza" por la "contradicción" en la que "ha incurrido" la  magistrada, ya que en la parte dispositiva de un auto dictado el 7 de  noviembre de 2013 "ordenaba que se remitieran por la UCO las  declaraciones prestadas en esa Unidad de Policía Judicial, conforme a  la relación que esta última realizó, mientras que en el auto que se  recurre de 7 de febrero de 2014 justifica y santifica la remisión de  tan sólo dos de esas 15 declaraciones". Todo ello, según la Audiencia, "bajo el argumento de que su  incorporación no es necesaria hasta que se culmine el atestado que la  UCO está confeccionando desde el año 2012" en torno a la agencia  IDEA. Al hilo de ello, explica que en esta causa "tan prolija" se  investiga entre otros extremos la comisión de posibles delitos  cometidos por altos cargos de la Junta y de IFA/IDEA, "estando ya  imputadas personas que han tenido cargos de relevante responsabilidad  política y administrativa por su posible participación en dichos  delitos". "En consecuencia, el contenido de esas declaraciones prestadas en  sede policial pudieran ser de sumo interés para las defensas de los  imputados, quienes a partir del conocimiento del contenido de esas  declaraciones podrían solicitar la práctica de nuevas diligencias  para contrarrestar los posibles indicios que de esas declaraciones no  incorporadas a las presentes diligencias previas pudieran pesar sobre  los ya imputados", razona la Audiencia. SISTEMA "INQUISITORIAL" A su juicio, "la falta de incorporación de esas reiteradas  declaraciones puede conculcar el derecho de defensa que desde la  imputación corresponde al denunciando" conforme al artículo 118 de la  Ley de Enjuiciamiento Criminal, razones por las que estima el recurso  interpuesto y ordena a la juez Alaya que requiera a la Guardia Civil  la entrega "inmediata" de estas 13 declaraciones. Fuentes del caso consultadas por Europa Press han destacado la  importancia del auto dictado por la Audiencia Provincial al entender  que "afecta transversalmente a la intervención de la UCO en toda esta  causa penal". Los cuatro exaltos cargos recurrentes reclamaron a la juez  Mercedes Alaya la entrega a las partes personadas de todas las  declaraciones que se hayan producido ante la Guardia Civil, pues  entienden que "la realización de la instrucción a espaldas de las  partes resulta más propia de un sistema inquisitorial, que deberíamos  suponer erradicado".

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