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La Audiencia cree que la venta de Río Grande fue legal pese al embargo

El conocido restaurante está bloqueado por orden de Alaya para asegurar la fianza impuesta a su dueña imputada por irregularidades en el ERE del local

el 27 ene 2015 / 10:30 h.

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CALLE BETISCarpetazo. La Audiencia Provincial de Sevilla ha dado la razón a la dueña del restaurante Río Grande, al considerar que la venta de este conocido establecimiento fue legal, pese al embargo que pesa sobre el mismo al estar su propietaria imputada en la causa abierta por el fraude de los ERE. Los magistrados han confirmado la decisión de la jueza que instruyó el caso y que consideró que en el intento de venta no existió la comisión de ningún delito, por lo que archivó la denuncia interpuesta por la persona que estaba interesada en adquirir el negocio. La operación se frustró cuando el comprador conoció que el mismo estaba embargado. El pasado mes de septiembre el Juzgado de Instrucción número 15 consideró que la propietaria del restaurante, María del Carmen García Sánchez, no cometió un delito de estafa, pues cuando intentó vender el local sobre el mismo no pesaba ninguna medida cautelar en ese momento, sino sobre las participaciones de la dueña del mismo. Ahora, según han confirmado fuentes judiciales a este periódico, la Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado esta decisión, desestimando así el recurso presentado por el comprador contra la decisión del juzgado de Instrucción. La magistrada acordó el archivo provisional de la causa al «no existir» responsabilidad penal en los hechos que se denunciaron por el comprador. En un auto, dictado el pasado 30 de junio, la jueza explicaba que pese a que sobre el restaurante pesa un embargo, ordenado por Mercedes Alaya para asegurar la fianza de 1,9 millones impuesta por las irregularidades en el ERE del restaurante, cuando se intentó vender el inmueble aún no se había embargado la propiedad, sino sólo sus participaciones en el negocio, que suponen el 99 por ciento. El contrato de compraventa se firmó en octubre de 2013, momento en el que el interesado entregó a María del Carmen García Sánchez 500.000 euros como señal. El resto, 6,5 millones de euros, se entregaría cuando se formalizara la compra ante notario. Para entonces, la dueña tenía embargadas desde mayo de 2012 sus participaciones en la sociedad. El inmueble no sería embargado hasta febrero de 2014, cuatro meses después del preacuerdo de venta. En ese momento, Alaya también embargó otra finca situada en la misma zona de la calle Betis, y un apartamento ubicado en Arévalo (Ávila) además de los saldos bancarios y las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria de García Sánchez. Por ello, la jueza que ha investigado la denuncia cree que no existió estafa y que «no existe responsabilidad penal». En su declaración como imputada, la dueña de Río Grande sostuvo que la persona que pretendía comprar el negocio «sabía» que el mismo estaba embargado por la jueza Mercedes Alaya.

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