La Audiencia de Madrid acaba de confirmar la sentencia que desestimó la demanda interpuesta por la multinacional Boliden contra ACS, Intecsa-Inarsa y Geocisa, a las que reclamaba 248 millones de euros por considerarlas corresponsables del vertido tóxico de 1998 en Aznalcóllar, tras la rotura de su balsa de residuos a las puertas de Doñana.
En noviembre de 2006, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid desestimó la demanda de Boliden por entender que no había quedado demostrado ningún incumplimiento contractual por parte de las empresas que recrecieron la balsa de su mina.
Los jueces confirman ahora este fallo y desestiman el recurso interpuesto por Boliden, que también demandó a las aseguradoras Banco Vitalicio y Zurich, como ayer adelantó el diario Expansión. El tribunal considera que lo único que quedó acreditado fue que la presa se fracturó el 25 de abril de 1998 causando importantes daños y perjuicios y que fueron terceras personas, ajenas al proceso, las que se encargaron de ejecutar y supervisar el proyecto de la balsa. También cree probado que los valores del proyecto de 1978 son correctos y que, en su día, Boliden aceptó los trabajos encomendados a Atelsa, sin que en 20 años formulara una demanda contra Intecsa-Inarsa.
Según la sentencia, Boliden gestionó los vertidos apartándose de los proyectos, mezclándolos en vez de separarlos, inyectando líquidos para los no estaba proyectada la balsa y construyendo a pie de dique una batería de pozos de drenaje que disminuyeron su estabilidad. También efectuó un incorrecto recrecimiento del dique, "la causa directa de su rotura", y que estuvo ajeno a los trabajados realizados por dichas empresas.
Por otra parte, la Audiencia de Madrid entiende que Boliden no logró probar los supuestos incumplimientos contractuales de los que acusaba a las tres compañías. Según la sentencia, tanto Intecsa-Inarsa como Geocisa realizaron sus trabajos con la diligencia exigible y fueron terceras empresas las que supervisaron los suyos. En el juicio celebrado en 2006, las tres constructoras afirmaron que la única responsable de la mayor catástrofe ecológica del país hasta la fecha era Boliden, que, por su parte, rechazó su responsabilidad en una rotura cuyos efectos estuvieron a punto de llegar al parque nacional.
