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La Audiencia de Sevilla anula las escuchas telefónicas del 'caso Camas'

La Audiencia de Sevilla ha dado un giro radical al caso Camas. Ha anulado las escuchas telefónicas, prueba fundamental de la acusación contra los cinco imputados por un intento de soborno a una concejal. Los magistrados ordenan que se revisen las acusaciones. Foto: Antonio Acedo.

el 15 sep 2009 / 04:49 h.

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La Audiencia de Sevilla ha dado un giro radical al caso Camas. Ha anulado las escuchas telefónicas, prueba fundamental de la acusación contra los cinco imputados por un intento de soborno a una concejal. Los magistrados ordenan que se revisen las acusaciones.

El caso Camas se ha desmontado con la resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Más de dos años después de que se iniciara la instrucción del caso, los magistrados han decretado "la nulidad de la intervención telefónica" del móvil del empresario Eusebio Gaviño, imputado en el caso junto al ex alcalde de la localidad Agustín Pavón (IU), al ex edil del PP Antonio Enrique Fraile, al ex concejal adscrito al PA José del Castillo y al ex edil del PP en el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas, por el presunto intento de soborno a la ex concejal Carmen Lobo para que votara a favor de ciertas modificaciones del PGOU.

El auto de la Audiencia decreta, además, la nulidad "de todas las diligencias que directa o indirectamente se deriven" de las escuchas y ordena que se revisen las acusaciones, que en gran parte se basan en estas grabaciones , si bien "no supone la nulidad de las actuaciones". No obstante, fuentes consultadas por este periódico apuntaron ayer "a un giro importante en el caso" que podría librar del banquillo "a todos, salvo a Gaviño", pues fue el que supuestamente hizo la entrega a Lobo de un sobre con 12.000 euros.

La argumentación de la Audiencia es muy clara: el "vacío total y absoluto de motivación" del auto del 8 de septiembre de 2005 que autorizó las escuchas. Así, los magistrados critican que la Policía Nacional "no realiza ninguna comprobación sobre los hechos denunciados" por el militante de IU Francisco Gordo. "La Policía tuvo oportunidad de aportar datos objetivos que reforzaran la denuncia (...), siendo de destacar que debería haber realizado las comprobaciones al tratarse de unos hechos de suma gravedad". Más aún cuando "fueron denunciados por una persona que admite en su denuncia que ha sido condenada por un delito de estafa procesal y otro de falsedad en documento privado", lo que "debería haber alertado a los agentes de la verosimilitud de la denuncia".

A esta falta de diligencia se une el que "la Policía se limita a incorporar al atestado la denuncia de Gordo". Entre las comprobaciones que se pudieron hacer, los magistrados enumeran "la escucha de los CD" que entregó el denunciante a la Policía, "el examen del vídeo" aportado por éste, o "la declaración de Lobo".

Ninguna de estas gestiones se hizo por parte de la Policía, pero tampoco por parte del juez de guardia que autorizó las escuchas, y que día más tarde provocaron la detención de los imputados. Así, el auto de la Audiencia indica que "no contrastó los datos objetivos que tenía a su alcance para comprobar la veracidad de la denuncia", de la que "se destila que Gordo podía actuar por motivos espurios", ya que fue expulsado del Ayuntamiento y del partido.

Por todo ello, decretan la nulidad de las escuchas y de todas las pruebas que se derivan de éstas, dejando claro que "no implica el archivo de las actuaciones". A su criterio, las grabaciones que en MP3 aportó Gordo o la declaración de Lobo "son fuentes de investigación y de prueba que no están contaminadas por la nulidad que se declara, por lo que el magistrado instructor dispone de material para esclarecer los hechos".

La Audiencia ordena devolver las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 2 para que "las partes puedan modificar sus imputaciones a la vista del contenido de esta resolución". Así, tanto la Fiscalía, el PSOE y la acusación ejercida por Lobo tendrán que revisar las pruebas en las que se basaron para presentar sus escritos de acusación, en los que reclamaban penas de un año y medio de prisión -dos en el caso de Lobo- para cada uno de los imputados.

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