La Audiencia Nacional considera que tanto el juez Eloy Velasco -que impuso una fianza de 12.000 euros a la etarra Maite Aranalde tras ser extraditada por Francia y que posteriormente se dio a la fuga- como Baltasar Garzón, que ordenó su ingreso en prisión, actuaron de forma correcta.
Así lo explicó ayer la Sala de Gobierno tras la reunión mantenida en la sede del Tribunal, y con la que se dio por cerrado el asunto. La Audiencia decidió por unanimidad no incoar diligencias informativas para que sean remitidas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "sin perjuicio ni invasión" de las competencias del órgano de gobierno de los jueces.
El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, explicó que tanto la decisión de Velasco de imponer la fianza a Aranalde por un delito de tenencia de explosivos, como la de Garzón -instructor de la causa- de reformarla y ordenar su ingreso en prisión, "son resoluciones jurisdiccionales motivadas que responden a criterios legales de los jueces". Juanes precisó los pasos seguidos por Velasco, que también retiró el pasaporte a la etarra y fijó comparecencias semanales, y recordó que la Fiscalía recurrió en un mismo auto la fianza y las medidas cautelares impuestas a Aranalde, solicitando que se le impusieran comparecencias diarias y vigilancia policial permanente.
Ese recurso -agregó- se registró en el juzgado a las 13.40 horas del pasado viernes y Velasco dio traslado a las partes para presentar alegaciones en un plazo de tres días, tras lo que Garzón resolvió el recurso el pasado lunes sobre la una del mediodía y acordó su ingreso en prisión. Tras constatar la Policía que la etarra estaba en paradero desconocido, el juez emitió una orden de busca y captura nacional e internacional contra Aranalde. "No ha habido ninguna anomalía en el funcionamiento del juzgado en cuanto a la tramitación del recurso", destacó Juanes, que insistió en que la Sala de Gobierno no es el órgano competente para enjuiciar las resoluciones de Velasco y Garzón puesto que se han dictado en el ámbito competencial del juez.
Aranalde fue extraditada la semana pasada, pero sólo para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al comando Donosti de ETA, y no por su presunta participación en la colocación de varias bombas en gasolineras de Madrid en el puente de la Constitución en 2004, ya que Francia había "extraviado" la documentación de esta última causa.
La pérdida de esos documentos impidió dictar la prisión contra Aranalde por esa causa a su llegada de Francia -ya que es preciso contar con la autorización de la Justicia gala- y obligó a la Audiencia a tramitar de nuevo la euro-orden.
Para impedir casos como este, la Sala de Gobierno propondrá al Gobierno que modifique la tramitación de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OED) para que en vez de acordar las entregas de los terroristas por cada causa pendiente en los tribunales españoles, lo hagan por todos los procedimientos.
Por último, Juanes ha anunciado que la Sala de Gobierno, compuesta por el presidente de la Audiencia Nacional, por los presidentes de las salas de lo penal, de lo social y de lo contencioso-administrativo y por tres magistrados electos, elevará esta petición al Ejecutivo, que por ahora no es muy partidario de reformar el trámite.
