La Audiencia de Sevilla considera que la jueza del caso ERE, Mercedes Alaya, debe apurar y depurar la investigación antes de elevar el caso al Tribunal Supremo por la existencia de posibles aforados como el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. En un reciente auto, el órgano judicial advierte de que el hecho de que en el transcurso de una instrucción pueda haber indicios de la participación en los hechos investigados de una persona aforada no implica la automática asunción de la competencia por parte del Tribunal Supremo o del TSJA. La Audiencia se refiere a la posible imputación de Griñán y los consejeros de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y Economía, Antonio Ávila, y afirma que conforme a la jurisprudencia del Supremo, el hecho de imputar a un aforado no implica per se la pérdida de competencia y jurisdicción.
Además, antes de enviar el caso a un tribunal superior, nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar. El auto, al que ha tenido acceso Efe, ha sido elaborado por el magistrado Javier González Fernández, presidente de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, quien defiende que Alaya no trata de demonizar a sindicatos, empresas o políticos, sino aclarar una trama corrupta en la tramitación de los ERE.
Este auto supone todo un espaldarazo para Alaya, sobre la que han arreciado duras críticas las últimas semanas, tanto por parte del Gobierno andaluz, como de los partidos que lo sustentan (PSOE e IU) y de los abogados de algunos de los imputados. El letrado del viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, denunció la corruptela procesal e imputación selectiva de Alaya. La jueza suma ya 116 imputados 73 aún no han declarado pero ha evitado procesar a políticos aforados, lo que le hubiera obligado a delegar el caso en un tribunal superior. En las últimas semanas, la Junta ha vuelto a cuestionar la instrucción de la jueza, que acumula ya casi tres años, e incluso le ha metido presión para que deje el caso al Supremo. La Audiencia acaba de frenar en seco al Gobierno andaluz y ha enviado un mensaje de tranquilidad a Alaya, para que mantenga el ritmo de la instrucción y no envíe la causa al Alto Tribunal hasta que aclare la trama. La jueza debe apurar y depurar la instrucción, practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación, tarea en la que puede recibir declaración al aforado si voluntariamente se presta a ello, afirma el auto.
Alaya está investigando una trama corrupta que en la tramitación de los ERE diseñados para paliar los nocivos efectos que la crisis está causando en empresas y sobre todo en los trabajadores haya podido cometer hechos delictivos, con independencia de su condición u origen sindical, empresarial o político, precisa el auto. Tampoco se basa en el oráculo de la Guardia Civil, como decía el defensor de uno de los últimos imputados, sino en datos de la Agencia Tributaria, Registro Civil, los bancos y las aseguradoras.
La Fiscalía investigará si el letrado de un imputado cometió delito al acusar a Alaya La Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado sólo parcialmente el recurso de apelación promovido por José González Mata, dueño de la consultora Uniter e imputado en el caso del fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos, contra el auto emitido por la jueza Alaya el 18 de junio ordenando su ingreso en prisión. La Audiencia acuerda rebajar de 600.000 a 450.000 euros la fianza a González Mata, pero también remite a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, el recurso del abogado de éste para que investigue delitos en las frases utilizadas en su escrito, que pueden incidir en el terreno de lo delictivo.
El recurso de González Mata acusaba a la jueza de hacer imputaciones selectivas, bordeando a los políticos aforados para no tener que desprenderse del caso ERE. No es el único imputado que ha hecho esta acusación que, además, cuenta con el aval público del Gobierno andaluz. El abogado de González Mata, Juan Pedro Cosano, denunció que la juez estaba poniendo en tela de juicio el papel constitucional de los sindicatos al acusarles de cobrar comisiones, a lo que la Audiencia responde que se trata de una afirmación más propia del titular de un rotativo sensacionalista. Respecto al supuesto papel de González Mata como convidado de piedra, la Audiencia responde que el empresario jerezano se ha lucrado sobremanera con su participación en dicha trama y ha desviado para su propio beneficio más de 13 millones y medio de euros procedentes de las arcas públicas.
