La Audiencia Nacional decretó ayer la ilicitud y ordenó la disolución de Gestoras Pro Amnistía y de su sucesora Askatasuna, al tiempo que condenó a penas de entre 8 y 10 años a 21 de sus dirigentes por integración en ETA. Juan María Olano, el portavoz de la plataforma, es uno de los condenados.
Tras notificar la sentencia, el tribunal, a petición del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, envió a prisión a 12 de los 21 condenados y ordenó la busca y captura de otro de ellos, Joseba Iñaki Reta, que no compareció a la lectura del fallo que tuvo lugar en el pabellón de la Casa de Campo en el que se celebró el juicio.
El tribunal dejó en libertad a los otros ocho condenados con comparecencias, ya que la ley establece que no deben ingresar en prisión hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación al haber cumplido en prisión preventiva la mitad de la pena impuesta. La sentencia, que ha sido acordada por unanimidad de los tres magistrados que componen el tribunal -Teresa Palacios (presidenta y ponente), Juan Francisco Martel y Paloma González Pastor-, determina que Gestoras "es una organización terrorista" que establece objetivos para ETA, pero descarta que coordine las acciones de kale borroka y que capte "a personas para integrarse en ETA". Según el tribunal, "es claro que para Gestoras Pro Amnistía, ETA no es sólo una facción armada sino que es el frente político", ya que es la que establece "los objetivos estratégicos" de los sectores que se someten a ella.
En este sentido, añade, ETA se vale de Gestoras "para hacer llegar a los presos las instrucciones a las que han de someterse, pues, de no cumplirse y en caso de manifestarse contrarios a la lucha armada, se procede a la expulsión de la militancia, por adoptar soluciones personales y derivadas del rechazo a la misma". A Gestoras le corresponde entonces "señalar públicamente, aunque en términos fundamentalmente políticos, a toda persona, grupo, organización y partido político a los que les hacen responsables del marco que no logran alcanzar". Sin embargo, descarta que, tal y como mantenían las acusaciones -Fiscalía y Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)-, el asesinato del magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya José María Lidón, el 7 de noviembre de 2001, sea fruto de un previo señalamiento de Gestoras porque ETA no lo necesita "para perpetrar atentados con resultado de muerte a persona a quien se proponga". Respecto a Askatasuna, el tribunal explica que su "ideación" no es "espontánea, ni casual" sino que "forma parte del proyecto político" de ETA, motivo por el que también ha decretado su ilicitud.
Por su parte, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que la organización terrorista ETA, además de un conjunto de pistoleros que intenta matar y de un conjunto de jóvenes que practica la violencia callejera, tiene un entramado social y político". Rubalcaba subrayó que la resolución de la Audiencia Nacional establece que el Estado de Derecho va a perseguir a la organización terrorista "en todas sus manifestaciones". "Perseguiremos a los comandos y los llevaremos a los tribunales, a quienes practican la violencia en la calle, pero también a aquellos que desde las instituciones o desde organizaciones de carácter social apoyan la violencia", resumió.
Reacciones. El Gobierno, el PP y las asociaciones de víctimas del terrorismo se congratularon ayer con la sentencia de la Audiencia Nacional, una decisión criticada por la izquierda abertzale, que la considera una vulneración de los derechos humanos.
Por su parte, el Movimiento Pro Amnistía advirtió de que, pese a las condenas, seguirá "denunciando las agresiones y la impunidad" de un Estado que, a su juicio, "se ha quitado el disfraz democrático".
