La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% para los empleados públicos aprobado por el Gobierno, según la providencia de este tribunal facilitada ayer por Comisiones Obreras.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional abre así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del Decreto Ley de 20 de mayo de Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público, que incluye la rebaja de sueldo de los asalariados del sector público.
De esta forma, el tribunal admite la demanda de conflicto colectivo presentada por los sindicatos UGT, CCOO y el SATNP de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y Hacienda y la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y el Comité Intercentros de la FNMT.
La providencia, fechada el 30 de septiembre, establece que las partes tienen un plazo máximo improrrogable de diez días para presentar sus alegaciones sobre esta cuestión de inconstitucionalidad.
La Audiencia duda de la constitucionalidad de la redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la ley, ya que podrían afectar "al contenido esencial" del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
La providencia también plantea la cuestión de constitucionalidad sobre esta medida "por posible afectación" del derecho de igualdad, ya que en la ley se fija la reducción salarial sobre determinadas entidades del sector público y excluye, en cambio, al personal laboral no directivo de compañías públicas como Renfe, ADIF y AENA, que tienen convenios colectivos.
Según el abogado de CCOO Enrique Lillo, esta providencia refuerza la posición defendida por el sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos.
Además, señala que Comisiones mantendrá las actuaciones jurídicas y procesales iniciadas en defensa de los derechos del personal del sector público español, y que afectan a casi tres millones de personas.
La rebaja salarial de los funcionarios fue aprobada por el Gobierno en mayo y oscila entre el 0,5% y el 7%, dependiendo de los niveles de ingresos del grupo profesional. Así, para los altos cargos de la administración el recorte se aplica en una horquilla de entre el 8% y el 15%.
La reducción en el sueldo, con la que el Gobierno pretende gastar menos y recortar el déficit público, comenzó a aplicarse a partir de las nóminas de junio y hasta el mes de diciembre próximo, sin afectar a la paga de junio, pero sí a la de septiembre. Y tras esta rebaja, los salarios públicos quedarán congelados en el ejercicio 2011.
El Ejecutivo ha calculado que esa tijera salarial a los empleados públicos le supondrá un ahorro de 2.300 millones de euros en el conjunto de 2010 -entre junio y diciembre- y 2.200 millones adicionales el próximo año, siendo la suma total de 4.500 millones de euros.
El tijeretazo ha desencadenado la presentación de varios recursos ante el Tribunal Supremo y ante la Audiencia Nacional por parte de los sindicatos, entre ellos CCOO, UGT, CSI-CSIF y el Sindicato de Profesores de Enseñanza Pública ANPE, así como diversos escritos ante la oficina del Defensor del Pueblo.
Además, el 8 de junio pasado el personal de la administración pública protagonizó una huelga general en España -si bien con un efecto moderado, puesto que no se logró paralizarla-, y que sirvió de ensayo para la huelga general del 29-S. El
Legal. Gobierno insistió ayer en que el recorte salarial a los empleados públicos que incluye la Ley de Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público es "una medida claramente legal".
Fuentes del Ejecutivo aseguraron que la Abogacía del Estado presentará en los próximos días ante la Sala Social de la Audiencia Nacional las alegaciones correspondientes que justificarán la reducción del salario a los funcionarios por "causas de interés público", ante la grave crisis económica y por la necesidad de reducir el déficit estatal.
El Ejecutivo reconoce que la tijera salarial en 2010 supone modificar el Acuerdo para la Función Pública 2010-2012 firmado en septiembre de 2009 y que fijaba un alza de los sueldos del 0,3% este año y una cláusula de revisión salarial.
Sin embargo, puntualiza que el Estatuto Básico del Empleado Público también incluye la posibilidad de que dicho acuerdo pueda revisarse ante causas de interés público, como una "crisis económica muy grande", señalaron las fuentes.
"El Gobierno piensa que es una medida claramente legal, si no el Ejecutivo no la hubiera tomado". El procedimiento judicial "no ha terminado y está en fase preliminar", matizaron.
