La Audiencia Nacional ha imputado al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Elieze y a seis militares israelíes un delito contra la humanidad por un ataque "desproporcionado" el 22 de julio de 2002 en el que murieron un líder de Hamás y 14 civiles. Israel avisa que "hará todo" por anular la querella.
Con esta media, el magistrado Fernando Andreu admite así a trámite la querella que interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos por estos hechos: el lanzamiento desde un avión de combate israelí, concretamente un caza F-16, de una bomba de una tonelada de peso en el barrio de Al Daraj contra la casa del dirigente de Hamás Salah Shehade, que se saldó con su muerte y la de 14 civiles -la mayoría niños y bebés- e hirió a otras 150 personas.
Este ataque "contra la población civil", según indica el juez Andreu en el auto en el que admite la querella, "es producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva" y advierte de que, "si en el curso de este procedimiento se prueba" que responde a "una estrategia preconcebida", podría dar lugar a una calificación "más grave" de los hechos. En su resolución, el juez de la Audiencia Nacional acuerda cursar una comisión rogatoria a la Autoridad Nacional Palestina para poder desplazarse a Gaza a tomar declaración a los querellantes, testigos y víctimas de este ataque, y otra al Gobierno israelí para notificar este auto a los imputados, con el objeto de citarles personalmente y poder ser interrogados.
Sin embargo, todo indica que Israel no colaborará, ya que, según explica el propio Andreu en su auto, la decisión de admitir la querella la ha adoptado tras "no haber recibido respuesta alguna a la solicitud formulada" al Estado de Israel sobre si se estaba investigando ya este ataque. Una respuesta que sí se produjo ayer jueves. Así, el ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, afirmó en un comunicado que "hará todo" lo necesario por anular la querella admitida a trámite. El comunicado califica de "delirante" la querella. "El ministro (Barak) tiene la intención de combatir con todo vigor las acusaciones en España, y hacer todo lo necesario para lograr la anulación de la querella", se precisa en el texto.
¿Igual en 2008? Hace tan sólo unos días, el Gobierno de Israel aseguró a todos sus militares ayuda legal en caso de ser demandados por crímenes de guerra por la ofensiva de las últimas semanas en Gaza que ha causado la muerte a más de 1.400 palestinos. La ONU calificó este ataque de "desproporcionado", la misma justificación que ha utilizado el juez Andreu para admitir a trámite la querella.
Entre los imputados destacan, además del ex ministro de Defensa, su ex asesor militar, Michael Herzog, el ex jefe del Estado Mayor general Moshé Yaalón, y el comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes cuando se produjo el ataque, Dan Halutz. También figuran el general al mando del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa, Doron Almog, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad y Asesor Nacional de Seguridad, Giora Eiland, y el director del Servicio General de Seguridad, Abraham Dichter.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por su siglas en inglés) presentó una demanda en el Reino Unido contra el que fuera jefe del Distrito Sur del Ejército israelí, general Dorón Almog, por su supuesta participación en crímenes de guerra en la franja de Gaza cuando ocupaba ese cargo. Almog, que viajó a la capital británica de vacaciones con su familia en septiembre de 2005, se vio obligado a regresar sin siquiera descender del avión al ser advertido de que si lo hacía sería detenido por la Policía.
