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La Audiencia Nacional corrige al juez y ordena reabrir el caso del Yak-42

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio ayer un varapalo en toda regla al juez Fernando Grande-Marlaska, al que ordena reabrir la investigación por el accidente del Yak-42. De paso, le acusa de precipitarse al archivar la causa y de no atender la demanda de justicia que merecen las familias.

el 14 sep 2009 / 23:03 h.

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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le dio ayer un varapalo en toda regla al juez Fernando Grande-Marlaska, al que ordena reabrir la investigación por el accidente del Yak-42. De paso, le acusa de precipitarse al archivar la causa y de no atender la demanda de justicia que merecen las familias de los fallecidos.

El auto de la Audiencia Nacional hace referencia a la parte del caso en la que se investigaba la parte relativa a la contratación del Yak-42. En el mismo se sostiene que la seguridad del vuelo, en el que fallecieron 62 militares en Turquía cuando regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003, estaba "seriamente comprometida" por varias carencias que deben ser investigadas para depurar las eventuales responsabilidades, ya que "nadie de los obligados a ello" actuó para corregirlas a tiempo y evitar el siniestro.

La Sala estima así los recursos presentados por los familiares de los militares fallecidos contra la decisión del juez del pasado 1 de junio de archivar la investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación del aparato y ha ordenado que continúe la instrucción para depurar, en su caso, "las responsabilidades en que pudieran haber incurrido los presuntos responsables por omisión de la diligencia y control debidos".

Además de ordenar la práctica de las diligencias pedidas por las partes y el fiscal, el auto destaca la necesidad de que se investigue judicialmente el hecho de que "personas que pudieran resultar responsables" del Ministerio de Defensa tuvieran conocimiento de las circunstancias penosas, "y en ocasiones ciertamente peligrosas", en las que viajaban los militares "sin que pese a ello se hiciera lo necesario para disminuir el riesgo".

"Vuelo ilegal". Explica que la investigación judicial debe continuar para constatar si existieron omisiones por parte del Ministerio de Defensa al permitir que el "vuelo ilegal" despegara y se pudiera producir el accidente. Además dice que también puede ser objeto de la investigación sobre el control de las finanzas destinadas por el Ministerio de Defensa al transporte de las tropas españolas destacadas en el exterior el que, en la "cadena de intermediaciones" que llevó a la contratación del Yak-42, España pagara 140.000 euros por vuelo y que el destinatario último, UM Air, percibiera sólo 39.000 euros por vuelo.

Para la Sala, la decisión de sobreseer libremente la causa "carece de motivo válido y viene a transgredir el principio de tutela judicial efectiva". En este sentido, añade que el juez "se precipitó, con las nefastas consecuencias que hubieran tenido para la causa de no haberse interpuesto los preceptivos recursos". "Las familias de los militares fallecidos en dicho accidente aéreo merecen un acto de justicia con investigación total que pueda esclarecer las eventuales responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido las participantes en dicho evento", sentencia.

"De mantenerse las resoluciones recurridas se produciría una evidente indefensión para las familias de los militares fallecidos y cercenaría el principio de tutela judicial efectiva", añade el auto, que rectifica de plano las decisiones del juez Grande-Marlaska, al que reprocha su "error".

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