El recorte salarial que la Junta de Andalucía aplicó la pasada primavera a sus funcionarios y extendió entre los trabajadores de sus empresas públicas sigue dando vueltas en los tribunales. Tras la avalancha de recursos presentados, el último paso lo ha dado la Audiencia Nacional, que ha pedido a la Fiscalía, sindicatos y Administración que se pronuncien sobre la posible inconstitucionalidad de la Ley de Presupuestos de Andalucía de 2010, donde se plasmaron esos recortes salariales. La consulta se centra en la rebaja salarial aplicada a los trabajadores de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, en una providencia a la que tuvo acceso Efe, dice que la rebaja salarial para todos los empleados públicos que recogen los presupuestos de la Junta, y que se aplican a los trabajadores de la RTVA, podrían afectar "al contenido esencial del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva".
Además, los jueces tienen "dudas sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad", por lo que piden a todas las partes personadas que, en el plazo de diez días, se pronuncien sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el fondo de la rebaja salarial.
El sindicato CCOO de Andalucía, que planteó la demanda, informó a Efe de que esta cuestión se ha debatido en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional al afectar a una empresa como la RTVA que tiene centros de trabajo en diferentes ciudades de España. La misma Sala acordó hace unas semanas plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto ley del Gobierno que recortó los sueldos de los funcionarios como medida contra la crisis para los empleados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ahora, el tribunal dice que "tiene dudas sobre la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010" que, a su vez, obligó a modificar el Presupuesto andaluz.
El Gobierno andaluz decidió extender a todas sus empresas públicas el tijeretazo al sueldo de los funcionarios que aplicó el Ejecutivo de Zapatero. No lo hizo así el Gobierno central. Si el recorte fue contestado por los funcionarios, también fue muy criticado por los empleados públicos sujetos, dentro de sus empresas, a convenios específicos negociados y firmados en cada ente público. Para evitar conflictos, la Junta tomó el camino de los hechos: directamente retuvo en su Presupuesto un 5% de las transferencias destinadas a personal. Hace menos de dos semanas la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, admitió que no en todas las empresas públicas se había aplicado el recorte mensual del 5% en las nóminas. En algunos casos, dijo, se han llegado a otro tipo de acuerdos.
Otra cuestión de inconstitucionalidad similar tiene en fase de alegaciones la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, que a finales de octubre pidió a las partes que se pronuncien sobre la legalidad de la rebaja salarial aplicada a los profesores de la concertada.