Economía

La Audiencia Nacional investiga a la familia Botín por fraude fiscal

El presidente del Santander y su hermano pagaron 200 millones para regularizar cuentas en Suiza.

el 16 jun 2011 / 12:08 h.

El presidente del Santander, Emilio Botín.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín y sus cinco hijos, así como contra su hermano Jaime Botín y sus respectivos cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

Los hechos se remontan al 24 de mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria sobre clientes españoles, entre ellos los denunciados, de la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse que contaban con fondos en el banco suizo, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.

La familia Botín defendió que está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y que en 2010 regularizó voluntariamente la situación de las cuentas suizas reclamada por la Agencia Tributaria, según confirmó a Europa Press un portavoz de la familia.

"La familia Botín ha realizado una regularización voluntaria y completa de estos bienes, está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y espera que muy pronto todo este asunto se aclare satisfactoriamente en sede judicial", declaró el portavoz.

Los Botín abonaron el año pasado 200 millones por la declaración patrimonial de los bienes domiciliados en Suiza procedentes de parte de patrimonio del patriarca de la familia, Emilio Botín Sanz de Sautola, padre del actual presidente del Santander.

Tras el estallido de la Guerra Civil en 1936, el patriarca de la familia salió de España con parte de su patrimonio, que fue depositado en una fundación creada en Suiza con su nombre y gestionada desde entonces y hasta la actualidad por varios administradores profesionales.

En 2010 y tras la petición de regularización enviada por la Agencia Tributaria, la familia Botín tuvo la oportunidad de regularizar esas cuentas y bienes. Según el artículo 305 del Código Penal, no incurren en delito fiscal quienes pagan sus deudas con el fisco de forma voluntaria.

El caso de las cuentas ocultas de HSBC se inició en mayo de 2010, cuando Hacienda recibió de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en la filial suiza de la entidad, después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico con información entre los ejercicios de 2005 y 2009.

El auto no es firme y cabe interponer recurso de reforma o de apelación. Además, el juez ofrece al Estado personarse a través de la Abogacía del Estado.

La Administración Tributaria expuso que, ante la ingente documentación presentada por los denunciados, es incapaz de determinar si las regularizaciones han sido completas y veraces, por lo que envió el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente presentó denuncia ante el riesgo de que prescribiesen el próximo día 30 los hechos de 2005.

Por su parte, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) criticaron el "trato de favor" dispensado a la familia Botín, ya que se les dio una segunda oportunidad para pagar voluntariamente que no se ofrece al resto de ciudadanos.

Gestha lamentó que se haya permitido a 300 contribuyentes regularizar voluntariamente su situación pagando únicamente recargos por presentación extemporánea e intereses de demora, sin sanciones.

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