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La Audiencia Nacional remite a Alaya la causa por la financiación de UGT

La magistrada ya investiga las irregularidades en la gestión de los fondos de formación del sindicato.

el 04 dic 2013 / 21:34 h.

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La juez Mercedes AlayaMás madera para la jueza Mercedes Alaya, que ya admite en sus autos que está desbordada por las numerosas macrocausas que investiga su juzgado. Ayer, la Audiencia Nacional le trasladó la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y el tesorero del sindicato por la supuesta financiación irregular de UGT a través de subvenciones para la formación. El juez Santiago Pedraz, atendiendo a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, considera que Alaya es la competente para investigarla porque ya tiene sobre su mesa una causa contra UGT por este motivo y por la posible falsificación de facturas. La decisión fue notificada ayer por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, después de que la Fiscalía Anticorrupción reclamase el día antes que “la inhibición” del Juzgado Central de Instrucción número 1 en favor del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Alaya. Tras estudiar la denuncia de Manos Limpias, Anticorrupción concluye que “únicamente se aportan recortes de prensa publicados a lo largo de este año y en los que fundamentalmente refieren hechos solo referidos a UGT Andalucía”, por que concluye que la causa contra Méndez debe ser investigada por Alaya que “ya sigue diligencias” por estos hechos. Ante esta conclusiones, Pedraz determina que la investigación de un delito “debe iniciarse dentro de la jurisdicción ordinaria por el juzgado de Instrucción territorialmente competente”, siendo la “excepción” que sea la Audiencia Nacional la que asuma la causa. Unas circunstancias que no se dan, a criterio del magistrado, en esta causa, pues no queda “suficientemente acreditado” con la denuncia, “basada exclusivamente en unas informaciones periodísticas”. No obstante, Pedraz recuerda que, en cualquier caso, Alaya “si observa que de la investigación realizada se desprenden datos que determinen la atribución competencial a favor de la Audiencia Nacional”, podría reclamar la devolución de la causa. La denuncia de Manos Limpias presentada en la Audiencia Nacional se dirige contra Cándido Méndez, contra el tesorero del sindicato y los responsables del Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES) y las empresas filiales Formación 2020 y Localmur por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, apropiación indebida, así como aquellos otros que se deriven de la investigación. Para ello se basa en informaciones periodísticas en las que desvela  la posible utilización de los fondos para la formación para la financiación del sindicato, describiendo el “entramado societario opaco” el funcionamiento de IFES, 100% propiedad de UGT, y del resto de sus filiales. Además, concluye que los cursos de formación fueron utilizados por el sindicato que dirige Méndez como “súper bote”. La jueza Mercedes Alaya ya investiga la gestión de estos fondos, entregados por la Junta de Andalucía, por parte de UGT-A, precisamente a raíz de otra denuncia de Manos Limpias, que en un principio recayó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Sin embargo, el magistrado presentó una cuestión de competencia al considerar que los hechos tenían conexión con las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), que investiga Alaya. Y es que la jueza ya había abierto entonces una pieza separada para indagar el destino que UGT y CCOO dieron a los 7,6 millones de euros que cobraron en sobrecomisiones por los ERE. De momento, esta causa se mantiene bajo secreto de sumario y todo apunta a que será la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla la que se haga cargo, después de que la causa ya haya pasado por la central en Madrid. El PP pide a la Junta que por ahora no dé un euro más al sindicato La portavoz de empleo del PP en el Parlamento, Teresa Ruiz Sillero, pidió ayer a la Junta de Andalucía que “no conceda más ayudas” al sindicato UGT, incluidas las del Programa de Orientación e Inserción de Andalucía Orienta correspondiente al año 2013, hasta que no se averigüe si las ayudas que están siendo investigadas fueron usadas para lo que estaba previsto. En rueda de prensa, Ruiz Sillero advirtió de que “no es ético” y, además, se encuentra en fraude de ley concederle al sindicato ayudas cuando tiene que devolver 1,8 millones, y más teniendo en cuenta que “el fraude puede ser mayor”, según la Ley General de Subvenciones, a nivel nacional, y la Ley de Hacienda Pública, de la Junta de Andalucía, que imposibilitan otorgar ayudas a quien no reintegre subvenciones en revisión o pendientes de justificar. Ayer el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, negó que el Gobierno andaluz vaya a beneficiar a UGT con ayudas para orientación laboral en detrimento de las entidades locales. Diario de Sevilla publicó que el Gobierno andaluz beneficiará con cuatro millones al sindicato en detrimento de entidades locales. Por su parte, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, pidió ayer a partidos, sindicatos e instituciones que tengan la “misma contundencia y transparencia” en su lucha contra la corrupción que la que “está demostrando” el Gobierno andaluz porque ésa, según afirmó, es “la única manera de recuperar la confianza de los ciudadanos en lo público”. En declaraciones a los periodistas en Madrid, donde asistió en un desayuno informativo protagonizado por el secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, Díaz eludió opinar sobre si el líder de UGT, Cándido Méndez, debería comparecer en el Parlamento andaluz para aclarar la supuesta financiación irregular del sindicato en Andalucía pero dijo que espera que “lo mismo que está haciendo el Gobierno de la Junta hagan todas las instituciones”. Díaz insistió en que no le “temblará el pulso con ninguna entidad” que haya utilizado fondos públicos de forma irregular.

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