La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a 439 años de prisión a los dos piratas somalíes Cabdullahi Cabduwily, alias Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Aji, que participaron en el secuestro de 47 días del atunero vasco Alakrana, asegura “sin duda alguna”, que “no ha sido la empresa armadora sino organismo públicos vinculados al Gobierno español quienes han satisfecho la cantidad que se ha abonado por la liberación de los tripulantes y el propio pesquero”. Un extremo que niega el Ejecutivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal condenaron a los dos acusados a 396 años de cárcel por 36 delitos de detención ilegal (11 años por cada marinero retenido), a cinco por robo con violencia, a dos por la comisión de un delito de asociación ilícita y a uno más por 36 delitos contra la integridad moral. Ademas, la sentencia destaca el comportamiento de los piratas era “hostil y despiadado” que mostraban “una innecesaria crueldad” y “un trato humillante y vejatorio” hacia los retenidos. Por ello, el tribunal estima a los dos condenados culpables de la comisión de un delito contra la integridad moral.
La sentencia, de la que fue ponente la magistrada Carmen Paloma González, absuelve a los acusados de los delitos de terrorismo, integración en banda armada, lesiones y torturas, que eran imputados por las acusaciones particulares. Además, condena a los dos piratas al pago de una indemnización de 100.000 euros a cada tripulante por los daños morales que recibieron durante el secuestro y de otros 2.500 euros por el dinero y efectos de los que se apropiaron.
El tribunal, que obtiene la conclusión sobre el pago del rescate “como resultado de la prueba practicada en el acto del juicio”, considera “innecesaria” la solicitud de desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre este asunto, como solicitaron las defensas de los dos condenados. Así, la sentencia recuerda que la entrega del dinero a cambio de la liberación fue investigada en una pieza separada por el juez instructor Santiago Pedraz. También agrega que las contestaciones ofrecidas sólo permitieron averiguar que la empresa armadora del buque atunero “no realizó ningún pago”.
La resolución detalla que los secuestradores exigieron para la devolución del pesquero y de su tripulación el pago de 10 millones de dólares y la libertad de los dos piratas detenidos. Esta cantidad se redujo después a algo menos de la mitad, según declaró durante la celebración del juicio el armador Kepa Etxebarría.
El Ejecutivo contradijo el fallo. Así, las ministras de Defensa y Exteriores, Carme Chacón y Trinidad Jiménez, respectivamente, insistieron en que el Gobierno “no paga rescates”. “Lo dijimos una y muchísimas veces –comenzó diciendo la titular de Defensa–. El Gobierno no paga rescates. Lo hace todo dentro de la legalidad”. Mientras, el PP exigió al PSOE que, en vez de tratar de eludir responsabilidades, aclare cuales fueron los organismos públicos que, según reza la sentencia, pagaron el rescate del pesquero.
